Francisco Nicolás Goméz Iglesias, más conocido por toda España por su sobrenombre El Pequeño Nicolás, ha negado que se hiciera pasar por un miembro del Gobierno para tratar de estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo denominada 'La Alamedilla', tal como sostiene la Fiscalía, que pide por este presunto delito de estafa seis años de prisión.
Gómez Iglesias, que ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, ha reconocido que durante 2014 llevaba carpetas de la Casa Real y de la Presidencia para "tirarme el pisto" ante gente muy importante y así "llamar la atención", además ha alegado que sufre "un trastorno de personalidad con rasgos narcisistas e inmaduros". Con todo, ha defendido que en ningún caso se hizo pasar por un miembro del Ejecutivo, liderado en aquel momento por Mariano Rajoy, con el fin de estafar a Martínez de la Hidalga. El Pequeño Nicolás ha insistido en que ha colaborado con el Centro Nacional de Inteligencia, aunque no ha precisado en qué casos.
Sobre la venta de la finca, hecho por el cual está acusado, ha asegurado que hizo de intermediario a petición del empresario. Según ha explicado, tenía previsto llevarse el 5% de la operación, si se cerraba en 15 o 18 millones de euros, pero ha defendido que al ser detenido no pudo continuar con sus servicios. El Pequeño Nicolás ha asegurado que en aquel periodo se reunió con el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en una comida y "me estuvo explicando que el gobierno de Guinea Ecuatorial tenía pensado tener una propiedad aquí en España", al mismo tiempo que ha señalado a las autoridades guineanas como potenciales clientes en la venta de la finca 'La Alamedilla'.
Trastorno de personalidad
Como aparte de su estrategia de defensa, el abogado de Gómez Iglesias, Juan Carlos Navarro, ha rescatado a uno de los informes periciales que El Pequeño Nicolás ya había utilizado en uno de sus juicios anteriores para alegar que sufre "un trastorno de personalidad con rasgos narcisistas e inmaduros". Justificación que ha sido tumbada este lunes por dos peritos que han ratificado el contenido de este informe, y finalmente han precisado que esta condición "no tiene ningún tipo de consecuencia cognitiva". Según han indicado los peritos, en el caso específico de este procedimiento subrayan que los actos cometidos para llevar a cabo una estafa "no pueden considerarse impulsivos", dado que requieren una reflexión y "conductas planificadas y organizadas".
La Fiscalía acusa al joven de recibir 25.000 euros de manos del empresario, hecho que el joven ha reconocido, pero ha justificado que los recibió en concepto de "provisiones y gastos" por su intermediación en la operación de 'La Alamedilla'. Con todo, ha subrayado que devolvió este importe al empresario, y, por lo tanto, defensa, así que no existe ninguna estafa. Gómez Iglesias también se ha desmarcado del delito de presunta falsedad documental por el cual también está acusado. Al ser preguntado sobre los documentos que le fueron confiscados con cabeceras y logos del Gobierno, ha asegurado que "no tenían ningún uso". "Eran para que yo los tuviera", ha dicho.
La defensa ha insistido en que "a simple vista se ve la falsedad basta", por lo cual se trata de un "documento inocuo". Según ha dicho, el mismo Martínez de la Hidalga le pidió "ayuda" al joven para convencer a su mujer, de que se oponía a aportar el dinero para llevar a cabo esta operación. La Fiscalía, durante sus conclusiones finales, ha reprochado a Gómez Iglesias que introdujera "nuevos elementos" en el procedimiento, ya que hasta ahora la causa se ha limitado a la estafa en el marco de la venta de 'La Alamedilla'.
La voluntad era clara: conseguir dinero
El Ministerio Público cree que el joven se hizo pasar para un miembro de la Vicepresidencia del Gobierno con la intención de quedarse con los 300.000 euros que había en la cuenta del empresario con su mujer, pero que finalmente no pudo, y por esta razón pidió 25.000 euros en efectivo, cantidad que si le permitieron retirar. El fiscal ha insistido en que "no existe ningún dato que el acusado tuvo o tenga función con el Estado español". Y ha asegurado que la voluntad del joven "era clara. Quería conseguir dinero", ha señalado después de insistir en el hecho de que Gómez Iglesias no realizó ninguna gestión para la venta.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han confirmado que piden para El Pequeño Nicolás seis años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El fiscal, además, ha ratificado su solicitud de inhabilitación especial para el sufragio pasivo y una multa de 18.000 euros. Aparte, la acusación popular de Podemos ha mantenido su petición de 12 años de prisión.
El testimonio de la mujer del empresario
Este lunes también ha declarado a Rosana Ferrero, la mujer de Martínez de la Hidalga, en condición de testigo. Ferrero ha confirmado que llegó a reunirse con Gómez Iglesias en un hotel de Madrid en octubre de 2014, "quería dinero mío y yo le dije que no le iba a dar nada de dinero", ha relatado, al mismo tiempo que ha precisado que fue categórico con el joven: "No sé qué has hablado con mi marido, pero mi dinero no te lo daré". La mujer ha asegurado que desconfiaba de él "era un chaval muy joven. Como tiene todas estas amistades. No lo entendía. Yo nunca me lo creía. Pero Javier sí que se lo cree todo, es muy buena persona", ha dicho. Hay que recordar que el mismo Martínez de la Hidalga dijo en la sesión anterior que veía a El Pequeño Nicolás como un "genio precoz".