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Julián García Vargas (Madrid, 1945), quien fue ministro de Defensa (1991-1995) y de Sanidad (1986-1991) bajo los gobiernos de Felipe González, ha fallecido este martes a los 81 años, según ha avanzado el portal Infodefensa. García Vargas sucedió a Narcís Serra en la cartera de Defensa en 1991 y fue responsable de la reforma del servicio militar con una reducción del tiempo de servicio de doce a nueve meses. Como ministro de Sanidad, relevó a Ernest Lluch. Con estudios de ciencias económicas en la Universidad Complutense de Madrid, García Vargas fue funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

En cuanto a la actividad política, en el año 1982 fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial, cargo que mantuvo hasta 1986, cuando fue nombrado ministro de Sanidad en el segundo gobierno de Felipe González, cargo que ostentó hasta que en 1991 pasó a ser responsable de la cartera de Defensa. En diciembre de 1995 fue nombrado Enviado Especial de la Unión Europea en Bosnia para supervisar el respeto y acatamiento de los acuerdos de paz de Dayton. Ocupó este cargo hasta abril de 1996. Asimismo, fue diputado en el Congreso por el PSOE desde 1989 hasta 2004, presentándose por las demarcaciones de Córdoba (1989), Valencia (1993) y dos veces por Asturias (1996 y 2000).

Reforma del servicio militar

Una de las intervenciones políticas de García Vargas al frente de la cartera de Defensa fue la reforma del servicio militar, con una reducción del tiempo de servicio de doce a nueve meses, una reforma que, en todo caso, quedó superada en la siguiente legislatura, ya con José María Aznar como presidente del gobierno, cuando en 1996 se suprimió el servicio militar. Su paso por Defensa coincidió, asimismo, con las guerras en la ex-Yugoslavia. En este sentido, García Vargas impulsó la intervención de fuerzas militares españolas en Bosnia-Herzegovina integradas en la misión internacional de los cascos azules.

En cuanto a su gestión en Sanidad, García Vargas aplicó la Ley del Aborto y puso en práctica la Ley General de Sanidad que había aprobado su predecesor, Ernest Lluch, quien fue asesinado por ETA años más tarde, en noviembre de 2000.