En la legislatura de "diálogo", el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trata de tranquilizar a los ciudadanos afirmando que los políticos llegarán a acuerdos porque "pagar, hay que pagar", a Europa y a los proveedores. Por ese motivo, Montoro no ve inconveniente en hacer una subida de impuestos por valor de más de 4.500 millones de euros, aunque en campaña prometió que no lo haría. La misma máxima aplica cuando hace suyo -y desactiva potencialmente- el impuesto sobre bebidas azucaradas, que el conseller de Economía y vicepresident Oriol Junqueras había incluido en el presupuesto catalán, y ahora el Estado quiere impulsar por su cuenta.

"Esto ya existe en otros países y es una cuestión de salud, también. Todavía es un proyecto de ley, por lo que tendremos que detallar cómo se gestiona", ha dicho Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Precisamente, el Estado se refugia en esta fase preliminar para no dar los detalles sobre cómo se desarrollará, es decir, si lo cobrarán las comunidades o la Administración central. La única estimación hecha por Hacienda es la recaudación de 200 millones de euros, frente a los 31 que Junqueras había previsto ingresar y que con el gesto del Estado, descuadra a los números del conseller.

Así las cosas, fuentes del Ministerio de Hacienda ven un resquicio en el proceso de tramitación del proyecto. Al menos, desde la retórica. Según ha sabido El Nacional, no sería incompatible establecer algún tipo de compensación entre ambos. "Necesitamos el consenso de los grupos para sacar adelante la ley" dicen las fuentes consultadas. Pero la hemeroteca juega en contra de los propósitos: el año 2012 se produjo una circunstancia similar con el impuesto sobre los depósitos bancarios pactado por CiU y ERC. La previsión de ingressos de 600 millones de euros anuales no se pudo aplicar.

La cuestión es que según fuentes de Hacienda, Junqueras informó durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves sobre la colisión entre estos dos impuestos. Las fricciones tuvieron lugar y se espera un respuesta del Govern catalán, ahora que Montoro ha anunciado oficialmente la medida. Montoro huye de debates políticos, y hasta el momento, Junqueras tampoco se ha pronunciado. Sin embargo, fuentes del ejecutivo catalán ven un gesto político-jurídico en el hecho: "En vez de ir al Tribunal Constitucional, ocupan el espacio del impuesto, vía decreto, para convalidar posteriormente" denuncian.

Sociedad, alcohol y tabaco

Además de este tributo, el Estado también ha decidido subir el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales. Estos se han aprobado mediante real decreto, que el Gobierno espera que se ratifique el próximo 15 de diciembre y entre en vigor a mediados de diciembre. El de Sociedades supondrá 4.300 millones de euros, junto con un incremento de 350 millones de euros por el aumento de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco. La medida va en contra de lo que el PP había dicho en campaña electoral, pero Montoro se justifica que no han grabado a las familias, sino las empresas.

Pese a las críticas, existe una cierta filosofía en estos nuevos tributos. El de bebidas azucaradas no tendría a priori un afán recaudatorio, sino una adecuación a las recomendaciones de la OMS. Y en cuanto al impuesto sobre el tabaco, se adecuará el sistema actual de doble mínimo a las recomendaciones de la UE. En el caso de los cigarrillos sube un 2,5% y por la picadura de liar, un 6,8%. Por su parte, el impuesto sobre el alcohol se incrementará un 5% para las bebidas de alta graduación -se quedan fuera la cerveza y el vino- y afectará tanto a la imposición de la Península como de las Islas Canarias .

También en materia fiscal, el Ejecutivo prorrogará en 2017 el Impuesto sobre el Patrimonio y actualizará los valores catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Además, se compromete a una reforma de la imposición medioambiental para el año 2017, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. Por otra parte, en cuanto a lucha contra el fraude se ha aprobado la rebaja a 1.000 euros del límite de pago en efectivo, así como la obligatoriedad para unas 60.000 empresas (que aportan el 80% de la facturación de IVA) de informar de las facturas de IVA en tiempo real.

20 millones de puestos de trabajo

También en la mesa del Consejo de Ministros estaba sentado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Este viernes se ha aprobado la actualización del cuadro macroeconómico para el periodo 2016-2019, que remitirá a Bruselas la próxima semana. Este prevé un crecimiento medio de la economía española del 2,5% hasta el año 2019, con una tasa de paro que bajará al 12,8% a finales del mismo, cuando se superará la barrera de los 20 millones de ocupados. Es decir, que hasta entonces, el Estado debería crear casi medio millón de ocupados anualmente para satisfacer las cifras estimadas por De Guindos.