En un intento más de sacar el caso de sedición de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart de la Audiencia Nacional, sus abogados han presentado recursos para declarar la incompetencia de la jueza para investigar este delito.

Los letrados insisten, además, en que no se cometió ningún delito de sedición y mantienen que no hay "indicios de que la conducta del investigado fuera encaminada a cambiar la forma de gobierno, sino sólo a convocar una manifestación, derecho amparado por la Constitución, tratándose de una simple protesta ciudadana consecuencia de unas detenciones y entradas y registros convocada por diferentes agentes sociales, entendiendo que su actuación en modo alguno puede ser calificada como de 'alzamiento público y tumultuario para impedir' si nos atenemos al rigor de la realidad de los hechos.

La sala de lo penal de la Audiencia, sin embargo, ha desestimado estos argumentos y mantiene que "la competencia corresponde al Juzgado Central, no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de gobierno".

Además, remarca que "pocas dudas podemos tener de que los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia con los dirigentes de los movimientos y colectivos de la sociedad civil como ANC y 'Omnium cultural' (sic), para subvertir gravemente el orden constitucional".

Y da vía libre a Carmen Lamela a seguir adelante con el proceso contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por el delito de sedición y señala en el auto que "los recurrentes pretenden hacernos creer, para minimizar las consecuencias de su comportamiento, que no concurren indicios que las conductas de los investigados fueran encaminadas a cambiar la forma de gobierno, tratándose de un hecho aislado y de una mera protesta ciudadana convocada por varios agentes sociales. No obstante, el contenido de los mensajes transmitidos por los recurrentes el día 20 y 21 septiembre, que se reproducen en la resolución combatida, llamando a la 'movilización permanente' desde este día a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo, y el papel protagonista y dirigente que los investigados ejercieron en todo momento, presentándose como interlocutores de los alzados frente a la comitiva judicial y los responsables de los Mossos d'Esquadra lo desmienten rotundamente.