El juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales Matthew Nicklin concluye en su escrito: "Mi decisión es que ninguno de los motivos por los cuales se ha reivindicado la inmunidad han sido demostrados. Por lo tanto, la demanda continuará". Así determina que Juan Carlos I, a diferencia de España, no se salva de la justicia británica y no puede disfrutar de inmunidad en el caso. Además, pide a la demandante, en este caso la examante, Corinna, que aclare los hechos que imputa al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán.

A falta de conocer el detalle del escrito, el razonamiento británico se sirve del precedente del dictador chileno Augusto Pinochet. Lo ha adelantado y ha puesto el acento en este aspecto el abogado Gonzalo Boye a través de Twitter. "Con cita directa al caso Pinochet y aquí es donde tiene el problema el emérito, el juez destaca que 'estas inmunidades pertenecen no al individuo, sino al Estado en cuestión'". Y por eso, Boye concluye: "El juez dice: 'rechazo a la afirmación del demandado que, a pesar de su abdicación, su posición constitucional en España significa que sigue siendo un 'soberano' y tiene derecho a la inmunidad personal que prevé el artículo 20'".

Boye entra en el detalle

Si refrescamos el caso Pinochet, efectivamente hay paralelismos entre el dictador y el emérito. La noche del 16 de octubre de 1998 el dictador fue detenido en la London Clinic de la capital británica, según el libro Yo, Augusto, de Ernesto Ekaizer. Había viajado a Europa para someterse a una operación de espalda y, como en Chile era senador vitalicio, pensaba que disfrutaba de inmunidad diplomática. Pero era un viaje privado y no se había informado al Reino Unido. La coyuntura fue aprovechada por el juez español Baltazar Garzón, que emitió esa víspera una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España por una querella criminal en el marco de la operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores.

Finalmente, no se autorizó su traslado a España, sin embargo, marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. La detención demostró que cualquier ex jefe de estado puede ser detenido por la justicia. Y no sólo eso, sino que la justicia chilena, que lo había pasado por alto, finalmente también cogió las riendas. En mayo del 2000, dos meses después del retorno de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desaforo como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la justicia local. Este es el aviso que da Boye, indirectamente, a Juan Carlos I: "La resolución sobre el emérito es muy interesante. Como se señaló, no se ha presentado ninguna defensa. En cambio, el 18 de junio de 2021, el demandado emitió un aviso de solicitud en busca de una orden que declarara que el tribunal no tenía jurisdicción para juzgar el reclamo". Su defensa, a la vez, pasó por alto el caso y ni siquera se limitó a empezarlo. Un error de táctica.