Junts per Catalunya ha conseguido que su petición para incrementar los controles sobre los permisos de paternidad de los temporeros salga adelante en el Congreso de los Diputados. Era una proposición no de ley (sin carácter vinculante y que no tiene consecuencias jurídicas) para instar el Gobierno a reforzar los mecanismos de control y validación documental en la concesión de los permisos de paternidad para trabajadores migrantes temporeros introduciendo “más garantías de transparencia y verificación”. La iniciativa se ha aprobado en el pleno del Congreso con los votos a favor del PP, Vox y UPN y la negativa del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, el PNV y Podemos. 176 votos a favor y 171 en contra. El objetivo de la propuesta es “evitar fraudes” en la percepción de esta prestación, que puede llegar a los 7.000 euros por solicitud.

📝 Junts pide al Gobierno que actúe para evitar el fraude en los permisos de paternidad de los temporeros

 

Ayer, durante el debate, el diputado Isidre Gavín justificó su petición: “¿Ustedes creen que tiene sentido que un trabajador prácticamente no trabaje durante todo el año porque empalme un permiso con otro porque en su país es polígamo? ¿Y se le dé un permiso de paternidad que no ejerce porque no va a su país a ayudar a la madre y al hijo?”, se preguntó. Afirmó que la administración concede los permisos con una “solicitud hecha a mano, a veces con letra ilegible y con un sello de goma” y sostuvo que “no puede ser que no haya dinero para las ayudas de la ELA o de la dependencia, por plazas de residencias o para tener más médicos y más enfermeros y que se den ayudas que no tienen el sentido por el que están creadas”. “Lo que realmente promueve el voto de la indignación de los ciudadanos es que hay unos que lo tienen todo muy difícil y que se dedican a trabajar y pagar impuestos y que tengan la sensación que otros lo tengan todo muy fácil”, apostilló.

La exposición de motivos del texto apuesta por “garantizar la correcta aplicación de este derecho y evitar usos fraudulentos que comprometan la sostenibilidad del sistema de protección social, generen disfunciones productivas y agraven el conjunto de trabajadores que ejercen sus derechos con responsabilidad”. “Algunas de estas solicitudes han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen sin aportar documentación plenamente verificable”, alega el texto.

ERC carga contra una de las iniciativas “más xenófobas, más racistas y más vergonzosas”

En cambio, el discurso de Esquerra Republicana fue muy duro contra Junts. El diputado Jordi Salvador catalogó la iniciativa de Junts como una de las “más xenófobas, más racistas y más vergonzosas” que ha sentido en el hemiciclo del Congreso: “Es una mentira desde la primera línea hasta la última [que] nace de las quejas de un grupo de empresarios agrícolas de Lleida”, lamentó. “Es una forma de criminalizar a los trabajadores migrantes y es un ataque frontal a cualquier legislación democrática, a los derechos humanos y a la cohesión social de nuestro país”. Y atribuyó la iniciativa a la necesidad de Junts de “competir con Aliança Catalana” y al “miedo a las estadísticas”.

Asimismo, el republicano alegó que la “discriminación por nacionalidad es ilegal y profundamente racista”, negó que haya un “problema masivo” y esgrimió que en 2025 solo hubo 22 casos sancionados, de los que nueve eran españoles y trece eran extranjeros. “El control ya existe”, aseguró. Y relató que “cuando un hijo nace fuera del Estado, la seguridad social, que no acostumbra a regalar el dinero, verifica la documentación según si hay convenio bilateral, según el reglamento europeo o con la legislación consolar”. “La propuesta de Junts es innecesaria y solo sirve para poner obstáculos a los extranjeros. Jurídicamente, es mezquina”, insistió. “No permitiremos que se discrimine a ningún trabajador por su origen. No toleraremos que la xenofobia se convierta en la política para ninguna nación. La paternidad es un derecho humano fundamental y ningún cálculo electoral puede estar por encima de la dignidad humana”, remachó.

El PP y Vox se suman a la demanda de Junts

Posteriormente, fue el turno del PP y Vox. El popular Agustín Parra compartió la “preocupación por el uso indebido de las prestaciones sociales” y cogió la bandera de “defender la sostenibilidad del sistema, garantizar la legalidad y proteger a quienes ejercen sus derechos con responsabilidad”. “El fondo de esta iniciativa apunta a una cuestión real que merece la atención de todos nosotros: un fraude que existe, que se ha detectado y que requiere una respuesta seria”, subrayó. “No estamos ante una hipótesis ni ante una sospecha infundada, estamos ante una realidad que merece ser abordada con rigor, no con estigmas y con soluciones improvisadas”, reiteró. Eso sí, advirtió que “vincular” el incremento de las solicitudes de prestación por paternidad con “trabajadores migrantes en sectores concretos” puede llevar a “estigmatizar a colectivos vulnerables”. “La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni perjuicios”, concluyó.

En nombre de Vox, Juan José Aizcorbe agradeció la iniciativa de Junts. “Es positivo que, aunque tarde, Junts se preocupe ahora de este problema”, celebró. “Traen un texto que, aunque tímido, apunta en la dirección que Vox lleva años señalando. Nos parece bien que todos se acerquen a las posiciones de Vox en un tema capital como la inmigración. Nosotros lo dijimos siempre y ahora hasta ustedes empiezan a reconocer que teníamos razón, aunque la copia llega tarde y lo saben”, verbalizó. Y aseguró que no se trata de un “caso aislado”, sino de una “muestra de cómo redes han utilizado resquicios legales para engañar al sistema, defraudar a la seguridad social y perjudicar a los españoles que sí cumplen”.

¿Qué modificaciones propone Junts?

La propuesta concreta es modificar el artículo 30.2 del decreto que regula las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante el amamantamiento natural para “reforzar los requisitos de documentación cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del Estado”. El real decreto tiene rango de reglamento (por debajo de las leyes) y que tendría que ser modificado por el Consejo de Ministros (sin necesidad de pasar por el Congreso). Por lo tanto, la Cámara Baja insta al Gobierno a impulsar esta modificación.

Entre otras cosas, reclamar incluir la obligación de presentar certificados de nacimiento y de llegada y de estancia validados por el consulado o embajada española correspondiente e incorporar plazos estrictos para que la persona tenga que presentarse ante la autoridad consular en un máximo de quince días después del nacimiento y aportar una prueba de permanencia antes de reincorporarse al trabajo. En caso de incumplimiento de los requisitos, se establecería la revocación de la prestación y el retorno íntegro de los importes recibidos y se abriría la puerta a las empresas a impulsar acciones legales si se demuestra un perjuicio económico derivado de una baja fraudulenta.