La justicia en campaña. La jueza María Tardón ha citado a declarar como imputado al exdelegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, dentro de la causa que investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en esta ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. La decisión se ha conocido este jueves, horas antes del inicio de la carrera electoral del 29N y el exdelegado deberá comparecer el próximo miércoles, en plena campaña.
Miguel Ángel Pérez dimitió el pasado 18 de noviembre después de las fuertes críticas dentro del propio entorno socialista sobre su gestión durante la crisis migratoria.
La crisis provocada en Ceuta por la entrada masiva de migrantes se alargó durante todo el verano y las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez para darle respuesta se convirtieron en una fuente de munición para la oposición del PP y Vox para cargar contra el ejecutivo.
El procedimiento investiga "las conductas delictivas derivadas de la entrada masiva e irregular" de personas procedentes de Marruecos a través de la zona fronteriza del Espigón del Tarajal. Según el escrito, la entrada masiva registrada el 30 y 31 de julio "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea", sino que se trató "de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó solo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas en la ciudad de Ceuta". Además, añade que la finalidad de la mayoría de los inmigrantes no era permanecer en territorio español, sino que lo que se perseguía era “obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación”.
En este sentido, subraya que el objetivo de la investigación es esclarecer y determinar los posibles autores directos y las “posibles ramificaciones internacionales”, la actividad en las redes, identificar a los dinamizadores y organizadores y la eventual existencia de estructuras criminales, así como los responsables de planificar y dirigir la estrategia.
La juez ha constatado a través de las declaraciones recogidas a uno de los agentes de la Policía Nacional deficiencias "anómalas" en el funcionamiento de las comunicaciones, y señala la necesidad de determinar si fueron provocadas de forma deliberada.
“La trascendencia de esta cuestión resulta aún mayor si se considera que los hechos investigados se desarrollaron en un contexto de excepcional intensidad y afectaron directamente a intereses esenciales del Estado relacionados con la seguridad fronteriza, control de flujos migratorios y la capacidad de respuesta de los servicios encargados del orden y la seguridad”, añade el texto para concluir que hay que proceder a nuevas investigaciones para esclarecer esta circunstancia.