La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un plazo de 15 días naturales al Gobierno español para que desclasifique nuevos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva irregular de personas en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que reclama que la información sea facilitada con carácter urgente, después de constatar que los informes recibidos hasta ahora no permiten aclarar cuestiones que considera esenciales para la investigación.
La decisión llega después de que Tardón examinara el informe que el CNI le remitió el 14 de octubre, un documento que, según la jueza, no aportaba información nueva respecto de las diligencias ya practicadas. Además, los archivos adjuntos mantenían las mismas partes censuradas que los informes y las comunicaciones publicados anteriormente en la web de la Moncloa. La magistrada señala que la documentación enviada solo responde parcialmente a las cuestiones planteadas y que no incluye varios informes que había solicitado expresamente.
Los informes sobre Marruecos y las alertas previas
Entre la documentación reclamada se encuentran todas las notas y los informes clasificados elaborados por el CNI sobre los hechos del 30 y 31 de julio, especialmente los relacionados con la actuación de las autoridades marroquíes. La jueza también exige identificar a las autoridades que recibieron las comunicaciones de los servicios de inteligencia elaboradas los días 27 y 30 de julio, a las que hacía referencia el informe remitido anteriormente al juzgado.
Tardón quiere conocer igualmente todas las comunicaciones posteriores, con la fecha y la hora de cada envío, así como disponer de los certificados que acrediten su recepción. Considera que esta información es "indispensable" para determinar qué autoridades conocían la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio y desde qué momento. También pretende aclarar qué decisiones se adoptaron, cuáles se dejaron de adoptar y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos.
La jueza descarta que la desclasificación comprometa la seguridad del Estado
La magistrada defiende que facilitar esta documentación no perjudica la seguridad del Estado, que considera que ya quedó vulnerada por los mismos acontecimientos que se están investigando. En este sentido, sostiene que el objetivo de las diligencias es precisamente determinar la autoría de este ataque a la seguridad estatal. También remarca que el hecho de que una información haya sido declarada secreta o reservada no representa un impedimento jurídico absoluto para solicitar su desclasificación cuando sea necesaria para investigar hechos presuntamente delictivos.
La resolución, notificada este martes, establece que toda la documentación que se desclasifique se incorporará a una pieza separada del procedimiento que se mantiene bajo secreto. Con esta nueva petición, Tardón insiste en obtener los informes íntegros que permitan reconstruir las alertas previas a la entrada masiva, determinar qué información tenían las autoridades competentes y examinar las actuaciones que se produjeron antes de los hechos.