El TSJCat ha procesado a Josep M. Jové y Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Tendrán que ir a declarar el 11 de marzo y a partir de ahora se tienen que presentar una vez al mes en los juzgados, se les retira el pasaporte y tienen prohibido salir del país. Además se les ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2.889.000 € en el caso de Jové y de 1.635.000 en el caso de Salvadó.

La magistrada instructora entiende que Jové, secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda "tuvo una participación activa en la preparación del referendum del 1 de octubre de 2017 y en otros actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible caso de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fueran superiores a los negativos". Según la información aportada a la causa, la magistrada considera acreditado que Jové, desde las responsabilidades públicas, obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, para lo que no disponía de competencias. Igualmente, la magistrada instructora detalla al auto de procesamiento que Jové "no hizo caso de los mandatos de lo Tribunal Constitucional interviniendo activamente en la investigación de locales donde se tenía que llevar a cabo el referéndum".

La magistrada instructora se basa en la agenda Moleskine de Jové y en el informe de Enfocats que se encontró en el registro en su casa el 20-S para afirmar que este procesado "conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal", en una cantidad superior a los 2.100.000 euros. "Todos los gastos tuvieron que ser indiciariamente supervisados por el señor Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum, según sus propias anotaciones, como para ostentar el cargo de secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como de responsable formalmente desde el mes de julio de 2017 del área de los procesos electorales y consultas populares que se mantuvo en el departamento hasta el decreto 1/2018, de 19 de mayo, por el cual esta responsabilidad pasa a otro" afirma el auto.

 

 

Con respecto a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del departamento de Vicepresidencia desde enero de 2016, al igual que  Jové planteó que era necesario preparar las estructuras de Estado y una adecuada financiación para cuando Catalunya contara con la independencia". A Salvadó se le señala indiciariamente como "responsable de la ideación del Programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos o tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat en el Estado", todo ello con el fin de promover la recaudación impositiva suficiente. Este plan no se ejecutó, aunque fue aprobado por el Gobierno en abril de 2017 por afectar en materia de recaudación a todos los entes locales, a las universidades públicas, al servicio catalán de la salud y, en definitiva, a todo el sector público de la administración autonómica sin que eso fuera comunicado a la Agencia Tributaria ni publicado en diarios oficiales ni mencionado en el Consejo Territorial para la dirección y coordinación de la gestión tributaria en Catalunya (mecanismo de coordinación en materia fiscal).

Según recoge la magistrada instructora en el auto de procesamiento, los indicios permiten inferir que el programa se proponía "conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provenientes de las instituciones públicas autonómicas y locales e información fiscal de los contribuyentes". El programa tuvo un coste de más de 1.200.000 euros según la investigación.

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