Nuevas informaciones que dejan (todavía más) constancia de la existencia de la Operación Catalunya. En medio de la Operación Diálogo puesta en marcha por el gobierno español, y a tres días para la cumbre del referéndum, hoy El Confidencial saca a la luz que el acusado en el caso Púnica Alejandro de Pedro ha pedido al juez del caso, Eloy Velasco, que incorpore al sumario 12 llamadas y 25 mensajes que se cruzó con funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ya después del verano, De Pedro pidió que se incluyeran estos contactos con el CNI, pero todavía no había explicado que estas conversaciones las mantenía directamente con los servicios de inteligencia, que habían recurrido al imputado con el objetivo de contrarrestar los ataques a España en foros independentistas catalanes, así como para difundir noticias positivas sobre la economía nacional a través de Internet y las redes sociales.

En este sentido, el acusado defiende que los diversos servicios que hizo en las redes sociales en contra de la independencia eran trabajos de encargo del CNI, es decir, que a cuenta de la inteligencia españolahacía de lo que comunmente se conoce como trol, es decir, intoxicador en las redes. Todo ello explicaría los 80.000 euros en efectivo encontrados en su vivienda durante un registro policial, ya que procederían del cobros de estos trabajos y formarían parte de los fondos reservados que utiliza el Gobierno para este tipo de tareas.

El procedimiento

La primera conversación habría tenido lugar el 1 de julio del 2014. Los días posteriores se limitó a enviar mensajes de texto. Pero el 9 de julio, hay otra llamada registrada, tres más el día siguiente y dos más el 14 de julio.

Durante todo el mes, combinó las llamadas y los SMS. Después, según sus contactos, desapareció durante unos días de agosto. Las conversaciones duraron hasta el 8 de octubre, tres días después de que fuera detenido en València y declarara ante el juez por el caso Púnica. Precisamente, fue la Audiencia quien facilitó el contenido de estas conversaciones al imputado para que aclarara su relevancia.

Estas conversaciones con el CNI, registradas y documentadas por la Guardia Civil, forman parte de todas las comunicaciones que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) en 2014. De hecho, De Pedro quiere utilizar ahora las grabaciones para demostrar que los servicios que prestó a los políticos eran legales.