"Ha habido errores graves e inaceptables, que el Govern no quiere minimizar. Al contrario". El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido este miércoles en el Parlament para dar explicaciones sobre la exclusión de un 23,2% de los alumnos catalanes de las pruebas PISA, lo cual ha dejado Catalunya fuera del estudio de la OCDE sobre el nivel de la enseñanza. Ha recordado esencialmente los datos que ya dio a conocer la consellera de Educació, Esther Niubó, pero no ha aportado el resultado de la investigación interna abierta en el departamento, con el argumento de que hay que respetar las garantías y el derecho a defensa de las personas afectadas. Ha admitido que el Instituto Nacional de Evaluación de la Enseñanza (INEE) alertó de los errores de la muestra siete veces desde que las pruebas comenzaron en abril de 2025, pero ha asegurado que la información no llegó a los responsables políticos hasta enero de 2026.
Con todo, ha advertido que, a pesar de no ser representativos, los datos recogidos permiten concluir que se está produciendo un descenso muy preocupante de los resultados, por lo que ha reiterado su llamamiento a un gran acuerdo sobre educación que permita dedicar de manera gradual un 6 % del PIB a la enseñanza.
Reiterados avisos
La crisis provocada por el fiasco de PISA ha obligado a Illa a comparecer en el Parlament antes del debate de política general que habitualmente abre el curso político. Illa ha recordado que PISA admite la exención de un 5 % de los alumnos de las pruebas y Catalunya dejó fuera un 23,2 %, lo que ha inhabilitado los resultados, pero ha circunscrito el error a un problema grave en el proceso de la muestra.
Ha explicado que el Consell Superior d'Avaluació —responsable de las pruebas en Catalunya, en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)— se reunió en marzo de 2025 con los centros escogidos para las pruebas y se les transmitió la documentación, pero de manera incompleta, porque no constaba el umbral del 5 % de exclusión.
El 31 de marzo de 2025 empezaron las pruebas y el 9 de abril el INEE comunicó al Consell que se estaba registrando una exclusión superior a la permitida. Illa ha asegurado que no se ha podido acreditar que ese aviso llegara a los centros, a pesar de que había escuelas que todavía no habían hecho las pruebas y, por lo tanto, todavía había margen para corregirlo. Las semanas siguientes, el Consell recibió hasta 6 informes técnicos más. Ha admitido que se podía haber reforzado el seguimiento e informado a los centros, pero no se hizo. El 16 de mayo terminaron las pruebas y el 30 de mayo consta el último informe del Consejo Superior de Evaluación sobre esta cuestión.
No llega a los responsables políticos
"Esta incidencia no fue elevada a los responsables políticos del departamento. No llegaron al nivel decisión", ha asegurado. Según Illa, no fue hasta enero de 2026 que la directora general de evaluación recibió información oral sobre la incidencia. A partir de ese momento, ha asegurado, empieza a elevarse la información y se activa el procedimiento para intentar esclarecer los hechos con la apertura de diligencias previas para ver qué había pasado y dilucidar responsabilidades.
En junio de 2026, según ha detallado, el INEE informó de que solo 5 de los 51 centros evaluados en Catalunya habían quedado dentro de los parámetros que fija la OCDE. De los 2.545 alumnos evaluados, habían quedado exentos 541, lo que representa el 23,2 %, muy por encima del 5 % que marca la OCDE.
Illa ha subrayado que las pruebas no se perdieron, ni manipularon, ni hubo ningún problema de corrección, sino que se trata de un "problema metodológico", que ha atribuido a un error de interpretación y transmisión de la información. Como resultado de esta situación, ha recordado que la conselleria ha abierto tres expedientes disciplinarios, dos por incumplimiento grave y uno por infracción grave vinculada a la obligación de transparencia y buen gobierno. "No debería haber pasado. El Govern lo asume", ha admitido Illa, que ha querido subrayar que con posterioridad se han llevado a cabo tres procesos de evaluación sin problemas.
A partir de aquí, Illa ha advertido que la enseñanza sufre un descenso muy preocupante, que solo 4 países mejoran sus resultados en las pruebas de la OCDE y que los datos de Catalunya disparan las alertas. Ha asegurado que al llegar al Govern no se encontraron la educación en Catalunya como habrían querido; ha reprochado que los déficits en enseñanza "no han ocupado la centralidad" en las preocupaciones de gobiernos anteriores.
Por todo ello, ha apuntado la propuesta que ya ha avanzado este martes para que Catalunya disponga de un modelo propio de bienestar digital, con medidas como la prohibición de la IA en las escuelas hasta los 14 años o el impulso de la lectura y escritura. En este proceso, ha insistido en el llamamiento a alcanzar un gran consenso para dotar a Catalunya de un nuevo modelo de educación. La intervención de Illa no ha satisfecho en absoluto a los grupos, que uno tras otro, tanto oposición como socios, han reprochado al presidente falta de transparencia.
En respuesta a los llamamientos de los grupos pidiendo la cabeza de la consellera, Illa ha reiterado la confianza en Niubó, además de insistir en el objetivo de conseguir el 6 % del PIB en enseñanza. Ha asegurado que el gran acuerdo que propone en enseñanza debe basarse en: pocas medidas, cinco o seis, y claras; basadas en cifras y fechas de cumplimiento; con rendición anual en el Parlament de resultados; y con continuidad más allá de la legislatura.