Hazte Oír ha presentado dos escritos para reclamar la recuperación de los 340.572 euros que David Sánchez Pérez-Castejón habría percibido por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz entre julio de 2017 y mayo de 2025. La entidad, que ejerció de acusación popular en el caso, pide el reintegro provisional de esta cantidad, más los intereses legales. La reclamación se basa en la documentación incorporada al procedimiento penal y en las conclusiones de la sentencia dictada este julio.
Una reclamación ante el Tribunal de Cuentas
La primera actuación es una acción pública ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por una presunta responsabilidad contable. Hazte Oír sostiene que las retribuciones se pagaron por una plaza creada arbitrariamente y sin contenido material, y solicita que se investigue a las personas que intervinieron en la creación, adjudicación, transformación y pago del puesto. Según el escrito, la jurisdicción contable debería determinar si estos abonos provocaron un perjuicio efectivo a los fondos de la Diputación.
La organización señala como presuntos responsables a Miguel Ángel Gallardo, Cristina Núñez y Elisa Moriano, además de los cargos y trabajadores públicos que habrían autorizado los pagos. También incluye a David Sánchez como perceptor del dinero y cooperador necesario, tal como establece la sentencia penal. Hazte Oír pide que los investigados depositen o garanticen provisionalmente los 340.572 euros y plantea la adopción de embargos preventivos si no lo hacen. La identificación definitiva de los responsables, sin embargo, dependerá de las actuaciones que pueda abrir el Tribunal de Cuentas.
La sentencia no fijó ninguna indemnización
La sentencia 152/2026, dictada el 14 de julio por la Audiencia Provincial de Badajoz, condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, pero no estableció ninguna responsabilidad civil ni ordenó la devolución de las nóminas. La resolución no es firme y se han anunciado recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La ausencia de una reclamación económica en la vía penal es el motivo por el cual Hazte Oír ha optado ahora por la vía contable.
En un segundo escrito, Hazte Oír pide a la Audiencia Provincial que envíe al Tribunal de Cuentas la sentencia y la documentación relativa a las retribuciones y a la ejecución del contrato, incluidos los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Diputación. El objetivo es que la jurisdicción contable determine si los pagos causaron un perjuicio a los caudales públicos, concrete su importe y establezca quién debería responder. La petición también pretende que el Tribunal de Cuentas disponga de toda la información necesaria para calcular el alcance económico del caso.