El Govern ha denunciado -y documentado- hoy que el ejecutivo del Estado no ha acatado 34 sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo favorables a Catalunya, y ha contrastado esta situación con "la rapidez y agilidad de los tribunales al actuar cuando se trata de actuaciones relacionadas con el proceso político catalán". La documentación recogida por el Govern, que se ha analizado en la reunión de hoy del consell executiu y se ha hecho pública en el dossier de la rueda de prensa posterior, avala su denuncia con informes de organismos internacionales que sitúan la independencia judicial en España por detrás de Pakistán y Marruecos.

En el contundente listado analizado en la reunión del consell executiu se comparan los incumplimientos y retrasos del Estado en relación a Catalunya con situaciones concretas como el hecho de que el Gobierno del Estado "sólo tardó un mes y medio para hacer la reforma exprés de la ley orgánica del TC que le otorga capacidad sancionadora para hacer cumplir las sentencias" o bien que se convocaran "reuniones de urgencia y en festivo" para anular la convocatoria del 9-N.

Igualmente se recuerda que la Fiscalía General del Estado "en cuestión de horas" ordenó abrir diligencias de investigación por las declaraciones del exsenador Santi Vidal y se ironiza que "con la Operación Catalunya no se actúa con tanta diligencia".

En este capítulo se incluye la judicialización del "conflicto" a nivel local con 407 casos abiertos contra municipios y diputaciones.

Sentencias incumplidas: 34

Esta efectividad se contrasta, en el dossier de prensa facilitado por el Govern, con el hecho de que "a estas alturas el ejecutivo español está incumpliendo 34 sentencias". De entrada en el ámbito de las becas universitarias se incumplen 3 sentencias y "hace más de 20 años que el Estado incumple la ley en materia de ayudas al estudio". En este punto se señala la última sentencia del TC, de mayo del 2016, que exige el traspaso de las becas, lo cual permitiría ampliar las ayudas en 150 millones. También en el capítulo de subvenciones se señalan 24 sentencias que dan la razón a la Generalitat en materia de inmigración y servicios sociales, 3 sentencias de medio ambiente y 4 de cultura.

Igualmente se recuerda que el informe del Parlamento Europeo sobre "La aplicación de la ley en Europa" del 2016 sitúa España como uno de los países más incumplidores, el tercero en número de expedientes abiertos y "el más incumplidor en ejecutar sentencias del Tribunal de Justicia de la UE". Lo que ha provocado, según se afirma, que en cuestiones concretas, como pobreza energética o desahucios las autoridades europeas se han visto obligadas a asumir estas responsabilidades.

En el texto se señala también los retrasos en el nuevo modelo de financiación, que tendría que haber entrado en vigor en enero del 2014; se denuncia financiación insuficiente en la ley de dependencia; el incumplimiento en el compromiso de acoger refugiados; el incumplimientos sobre la disposición adicional tercera del Estatuto sobre inversiones en infraestructuras; incumplimientos en el Plan de Rodalies 2008-2015; o más de once años de retraso al dar cumplimiento al retorno íntegro de los papeles de Salamanca, los documentos confiscados durante la Guerra Civil.

Informes de ámbito internacional

Finalmente, el dossier incluye para reforzar esta denuncia de un doble rasero de la justicia datos de informes emitidos "por prestigiosos organismos e instituciones" internacionales sobre el funcionamiento de la justicia española. Así, un informe de la Comisión Europea sitúa España en el lugar 22 de la UE-28 en percepción de la independencia judicial -detrás de Portugal; también en independencia judicial el World Economic Forum en el Global Competitiveness Index 2015-2016, deja, según el Govern, España en la posición 84 de 140, justo detrás de Pakistán y Marruecos; mientras que Transparencia Internacional en el informe sobre percepción de la corrupción sitúa España en el lugar 41º, con Brunéi y Costa Rica, y recomienda "promover la despolitización de los órganos constitucionales".