La tensión entre el Govern y el Estado va aumentando de temperatura a medida que el procés se adentra en su último tramo y el asedio dibuja nuevas trincheras. Mientras el president, Carles Puigdemont, se ha centrado estos últimos días en una cruzada internacional para buscar apoyos al procés, la estrategia del Estado se ha concentrado en la acción de la Fiscalía. Esta vez la Fiscalía no ha actuado contra políticos sino contra las empresas contratadas por la Generalitat, y lo ha hecho sin esperar ninguna orden previa del Tribunal Constitucional.
El movimiento de la Fiscalía no ha cogido por sorpresa al Govern, que asegura que hacía días que estaba al corriente del acoso al que están siendo sometidas las empresas con las que trabajan, especialmente las vinculadas con Presidència y Vicepresidència y Economia. Desde el Ejecutivo se atribuye esta estrategia a la voluntad de crear "inseguridad, dudas e incertidumbre" a las compañías con quienes mantienen vínculos. No obstante, fuentes de Govern, aseguran que se trata de contratos que pasan por concursos previos y se someten a la supervisión de la Intervención de la Generalitat, por lo cual no hay una especial preocupación desde el punto de vista legal sobre el recorrido de las investigaciones.
Con todo, la Generalitat es consciente de que desde el Estado se ha cerrado todavía un poco más el asedio, que ahora ya no se limita a la persecución de los cargos políticos o los funcionarios sino que también se extiende a las empresas. En particular, a aquellas vinculadas a actividades relacionadas con el procés, algunas ya presentes en las acciones legales por el 9-N, o en la construcción de estructuras de Estado. Además, la ofensiva se dirige directamente contra los directores generales, presidentes o apoderados de las empresas.
Acciones de la Fiscalía
El diario El País publicaba ayer que la Fiscalía hizo llegar viernes a través de la Guardia Civil escritos en los que reclama que se les entregue en un plazo de ocho días información y datos de los expedientes que mantienen con el Govern. Se trata, según esta información, de empresas del sector tecnológico, consultoras y de ciberseguridad. El objetivo de estas investigaciones sería, por una parte, comprobar si se ha producido un perjuicio en las arcas públicas o se ha desobedecido a las órdenes del TC por lo que se refiere al despliegue del procés, pero también obstaculizar la puesta en marcha de las estructuras de Estado imprescindibles para que pueda hacerse con éxito una declaración de independencia.
Los últimos días se ha publicado que la Fiscalía cuenta con un equipo de fiscales que analiza de manera diaria todos los movimientos del Govern. Al frente de este equipo estaría el mismo fiscal general del Estado, José Manuel Maza. A partir de este proceso de vigilancia, se abrió hace dos semanas una investigación a raíz de la publicidad institucional de la Generalitat en relación con el registro de catalanes residentes en el exterior. Esta campaña se ha vinculado a la convocatoria del referéndum que se tiene que convocar como muy tarde para el mes de septiembre. En este caso, la Fiscalía ha encargado una investigación al TSJC que incluye también el delito de malversación, además de los de desobediencia y prevaricación, y lo ha hecho sin esperar ninguna orden del TC.
Eso no quiere decir que el Constitucional haya bajado la guardia. El TC se reunirá este martes, de manera urgente y por primera vez después de su renovación de un tercio de los magistrados, para admitir a trámite el recurso del ejecutivo español contra los presupuestos del Govern. Con la aceptación a trámite, las partidas recorridas -las relativas a la convocatoria del referéndum- quedarán cautelarmente suspendidas.
Acción Exterior del Govern
Todo se produce después de un viaje oficial del president de una semana a los Estados Unidos, en el que ha mantenido reuniones con diferentes congresistas republicanos y con el portavoz demócrata de la comisión de exteriores de la Cámara de representantes, así como entrevistas con el Washington Post y The New York Times, entre otros medios. La frenética actividad de Puigdemont en el exterior ha continuado este lunes con una entrevista en Bolonia con el exprimer ministro italiano y expresidente de la comisión europea, Romano Prodi, con el cual abordó la situación del procés.
Aunque desde el Estado se quita hierro a la acción exterior del Govern, las gestiones de los políticos catalanes van dando resultados. George Kerevan de l'SNP ha visitado el Parlament para preparar una visita a Barcelona de la comisión de Westminster que sigue el proceso catalán, el All-Party Parliamentary Group on Catalonia. También este lunes, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha aprovechado la reunión de defensores del pueblo de todo el mundo en la cámara catalana para denunciar, dentro del contexto de regresión de derechos en el Estado español "los intentos de criminalizar procesos participativos pacíficos y democráticos o prohibir debates parlamentarios". "En lugar de resolver políticamente una demanda pacífica y democrática de millones de catalanes se amenaza con actuaciones judiciales", ha reprochado Forcadell en el Parlament ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.