Ya es sabido que la puesta en libertad de Carles Puigdemont no gustó nada al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ni tampoco a los miembros del gobierno de Mariano Rajoy ni a otros políticos que consideran que tendría que estar encarcelado como sus compañeros de Govern. Ahora, sin embargo, el tribunal va un paso más allá y asegura que no aceptará la extradición del president si no es por el delito de rebelión, castigado con penas de hasta 20 años de prisión.
Así lo publica hoy ABC, que, mientras reconoce que la puesta en libertad de Puigdemont provocó "indignación y malestar" a la justicia española, el Supremo tiene claro ahora, en otra demostración de rabieta, que no aceptará la entrega del president si no es por el delito de rebelión.
Según fuentes consultadas por el citado diario, el tribunal sustenta que eso "no puede quedar solo en un delito patrimonial" porque, se lamentan, "estaría condicionando directamente nuestra capacidad soberana". Si finalmente el Supremo opta por rechazar una supuesta extradición de Puigdemont, el president quedaría libre y podría vivir de nuevo en Bélgica. Sin embargo, advierten que seguiría corriendo el riesgo de ser perseguido por la justicia, pues todavía no ha sido juzgado.
El objetivo
Ahora la justicia española tiene un objetivo claro: hacer entender a Alemania que lo que ha pasado en Catalunya "corresponde a un concierto entre partidos y entidades soberanistas para declarar la independencia al margen de la legalidad vigente, a un golpe constitucional en el que se han venido incumpliendo sistemáticamente las resoluciones judiciales".
De momento, sin embargo, cargan contra la justicia alemana porque consideran "inconcebible" e "improcedente" el hecho de "no ver la doble incriminación que exige la euroorden", e incluso se plantean que pueda haberse producido algún error en la traducción de la euroorden.
El tribunal de Schleswig-Holstein descartó rotundamente que Puigdemont hubiera cometido un delito de rebelión y solo dejó la puerta abierta a una posible extradición en caso de que consideraran que el president había cometido un delito de malversación de fondos públicos, aunque pocos días más tarde de dejarlo en libertad también mostraron sus dudas en esta cuestión. Podría pasar, pues, que quedara impune de cualquiera de los delitos que la justicia y el gobierno españoles quieren imputarle.