La Generalitat ha abierto una inspección al grupo comunicativo Radio Popular, participada mayoritariamente por la Conferencia Episcopal Española, por emitir sin licencia a través de dos frecuencias de la zona de Ponent. Para una de las dos, al 97.4 del dial FM, la empresa emite La Cope. Para la otra, en el 100.2 del mismo ámbito, el grupo emite otra de sus marcas, Rock FM.

La direcció general de Mitjans de Comunicació ha asegurado a través de una nota que las actuaciones són de "oficio" dentro de sus funciones; ha destacado que durante aquel desplazamiento a Lleida se realitzaron otras actuaciones de inspección y control; y ha puntualizado que el levantamiento de una acta de inspección "no implica necesariamente la incoacció de un expediente sancionador".

Desde el 1 de enero de 2016, la direcció general de Mitjans de Comunicació ha realizado 215 actuacions, 90 de las cuales son actas de inspección.

Sólo la primera mitad del año, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Generalitat ha llevado a cabo más de 120 actuaciones contra emisiones ilegales de radio, televisión e Internet. En este mismo periodo ha impuesto multas por valor de más de 900.000 euros.

El incremento notable de la persecución de las actividades ilegales se enmarca en el Plan de Govern de la legislatura por motivos de normalización del espacio radioeléctrico y por una cuestión de salud pública para existir emisiones que superan los indicadores máximos recomendados. Un ejemplo es el barrio del Carmel de Barcelona donde se superan en ocho puntos los niveles de emisión radioeléctrica permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10 expedientes sancionadores

Desde el inicio de la legislatura, el Govern ha incoado diez expedientes sancionadores (nueve en radios y uno en Internet); ha hecho siete resoluciones de abertura de periodo de información previa (seis en radios y uno en Internet); ha emitido diez resoluciones que ponen fin a procedimientos sancionadores (nueve en radios y uno en Internet, de las cuales ocho han sido sancionadoras y dos sobreseídas, por valor de 908.000 euros); ha abierto veinticuatro actos de inspección técnica con el acompañamiento del CTTI (veintiuna en radios y tres en televisiones); ha abierto veintisiete actos de audición (todas en radios); ha emitido cuarenta y un requerimientos (treinta y uno en radios y diez en televisión); ha hecho cinco peticiones de auxilio judicial (cuatro en radios y uno en televisión); ha hecho dieciocho precintos forzosos (diecisiete en radios y uno en televisiones), y ha resuelto seis recursos administrativos (cinco en radios y uno en televisiones).