El exalcalde socialista de Badalona Rubén Guijarro y dos altos técnicos del consistorio, el jefe de disciplina urbanística y el jefe jurídico de Urbanismo, serán juzgados por un posible delito urbanístico. Para Guijarro, la Fiscalía de Medio Ambiente pide cuatro años de prisión y 16 años de inhabilitación, aparte de una multa de 8.000 euros, por unos hechos que remontan a los años 2018 y 2019, cuándo ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo en el gobierno socialista de Àlex Pastor. El ministerio público ve en su conducta un delito contra la ordenación del territorio al no perseguir a los responsables de varias construcciones ilegales pese a que los Agentes Rurales habían identificado que se habían hecho construcciones ilegales en parcelas protegidas de la Serralada de Marina. El juicio del exalcalde badalonés se celebrará este miércoles en la Audiencia.
Obras ilegales en fincas no urbanizables
La fiscalía señala que se han hecho obras ilegales en fincas rurales "especialmente protegidas" por la normativa urbanística, y concreta que las parcelas no permitían usos residenciales ni recreativos, entre otras restricciones, "por su valor natural". En el escrito detallan que se han identificado varias tipologías de vivienda en parcelas donde la calificación de los terrenos no lo permite, y que se habían construido de manera "totalmente contraria a la normativa urbanística municipal y autonómica". Aparte, aseguran que los responsables de las obras ilegales habían ocupado las parcelas también de manera ilegal.
Acusan a Guijarro de mirar hacia otro lado
El ministerio público acusa a Guijarro y los otros dos técnicos acusados de mirar hacia otro lado porque cuando los Agentes Rurales le hicieron llegar los informes con las ilegalidades estos no iniciaron ningún expediente sancionador. De hecho, los responsables de Urbanismo optaron por pedir una licencia por las obras realizadas a pesar del carácter "manifiestamente il·legalitzable" de la obra. Lo que sí que hicieron los acusados fue pedir a los propietarios de las fincas la "restitución de la realidad física" de los terrenos, aunque tenían identificados los ocupas que habían hecho las obras ilegales. "Se alejaron de sus obligaciones legales", subraya la fiscalía sobre la actuación.
Seis meses más tarde, tanto Guijarro como los dos técnicos pendientes de juicio acabaron iniciando expedientes sancionadores contra los propietarios de los terrenos afectados "sabiendo en todo momento que tenían que haberlo dirigido contra las personas que sabían que había hecho aquellas construcciones".