Junts per Catalunya ha entregado al Gobierno de Pedro Sánchez una propuesta de decreto de medidas urgentes de vivienda durante el pleno en el que los diputados de Carles Puigdemont han anunciado que rechazarán los dos textos aprobados en el Consejo de Ministros. La presidenta del grupo de Junts, Míriam Nogueras, ha confirmado desde la tribuna que su grupo rechazará los dos decretos y ha instado a negociar una nueva propuesta. El objetivo, según ha asegurado la formación catalana, es que el texto que ha facilitado al ejecutivo español, de 59 páginas, sirva de base para la negociación. "Es una propuesta amplia y técnicamente solvente, que actúa con contundencia contra los fondos buitre y protege a las familias", argumenta Junts. La formación de Carles Puigdemont insiste, sin embargo, en que la condición previa para negociar es que el gobierno español retire los dos reales decretos que ha presentado y vuelva a abrir las conversaciones para elaborar un nuevo texto.
El texto que propone Junts, de medidas urgentes para el mantenimiento de la vivienda habitual, la protección de los deudores hipotecarios y de los arrendatarios vulnerables, la seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal de inmuebles y el fomento de la oferta de vivienda, pone el acento en los pequeños propietarios sobre los que descansa la oferta de vivienda. Recuerda que, según los datos del Banco de España correspondientes a 2021, "las personas físicas son titulares del 91,9% del parque alquilado a precio de mercado y las personas jurídicas del 8,1%". "Se trata, mayoritariamente, de familias que han invertido sus ahorros en una segunda vivienda o que complementan su renta con una pensión, y cuya decisión de mantener la vivienda en el mercado depende de la confianza en las reglas estables. Toda medida que descargue sobre ellas el coste de la política de vivienda corre el riesgo de reducir la oferta que pretende proteger", advierte.
Junts diagnostica que la emergencia habitacional se debe a la insuficiencia efectiva de oferta y no al comportamiento de los propietarios; y advierte que la protección de las personas vulnerables y la corrección de las tensiones del mercado debe recaer sobre los poderes públicos, con un parque público de vivienda, y que no debe ser el arrendador privado quien soporte el coste de la insuficiencia de estas políticas, como ha advertido incluso el TEDH.
Entre las propuestas que plantea, figura que la estabilidad del arrendamiento se promueva con "acuerdos entre las partes y se incentive fiscalmente, sin prórrogas impuestas ni indemnizaciones a cargo del arrendador". La protección de los hogares vulnerables ante la pérdida de vivienda "se financia a cargo del presupuesto del Estado". Las restricciones se dirigen a operadores que adquieren vivienda o créditos hipotecarios en bloque o con descuento, con criterios objetivos y por tiempo limitado". La propuesta "refuerza" la seguridad jurídica del propietario frente a la ocupación ilegal, "porque sin la certeza de recuperar con rapidez la posesión de la que se le priva no habrá viviendas que se ofrezcan para alquilar".
El título I introduce una prórroga extraordinaria pactada de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, cuya prórroga termine antes del 30 de junio de 2028. Se trata de una prórroga voluntaria, que no impone ninguna obligación al arrendador. Podrán acordar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, hasta un máximo de dos años, con las mismas condiciones. La propuesta plantea también medidas fiscales, con modificación del IRPF, en los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Impuesto de Patrimonio. El texto propone cambios en la ley de enjuiciamiento civil para hacer frente a los desahucios por falta de pago a la vivienda habitual cuando existe una situación de vulnerabilidad y cambios en la ley de enjuiciamiento civil con medidas urgentes ante la ocupación ilegal de inmuebles.