El informe Der katalanische Separatismus, elaborado por el director en España y Portugal de la Fundación Konrad Adenauer, el think tank de la CDU, contiene algunas vaguedades, confusiones y errores en que basa opiniones y juicios. El autor, Wilhelm Hofmeister, reproduce, sin comprobarlas, algunas que corren en el entorno mediático antisoberanista, como que la mayoría de los catalanes no es independentista, entre otros. También saca conclusiones de cosecha propia sin apoyo documental ni de datos, el más grave de los cuales es acusar Jordi Pujol y Artur Mas "de enriquecerse con un sistema casi institucionalizado de corrupción".

La falta de datos, la mirada negativa o la mala comprensión de Catalunya, hacen que Hofmeister acepte como buenas las versiones más gubernamentales.

El informe apuesta por resolver el caso catalán políticamente, más allá de la pura aplicación de la legalidad. No ahorra valoraciones negativas a la falta de diálogo entre los gobiernos catalán y español ni algunos comentarios menos halagüeños a las estructuras del Estado. También ve difícil que el referéndum del 1-O sea como sus promotores quieren.

Una dirección

El tono del informe, sin embargo, pronto se ve marcado en una dirección. En la página 1, al glosar las palabras de Pep Guardiola el pasado 11 de junio en el acto soberanista de Montjuïc, donde pide a la comunidad internacional apoyo en defensa de derechos amenazados en Catalunya, Hofmeister exclama: "¡Cómo si los catalanes estuvieran oprimidos y España fuera una dictadura!" Es una conclusión, digamos, poco académica o neutral de lo que en aquel discurso se dijo.

Al hablar del sistema de financiación, en la página 6, explica que la Generalitat valenciana pidió dinero en julio de 2012 al gobierno central [al Fondo de Liquidez Autonómica] y que otras comunidades hicieron lo mismo. Dice: "No olvidemos que entre ellas también estaba Catalunya, que de ninguna manera es tan autónoma en términos económicos como sostienen a los líderes del movimiento independentista". Hace esta afirmación sin citar ninguna fuente, ni siquiera las Cuentas Territorializadas del Ministerio de Hacienda, que muestran con cifras lo contrario de lo que dice Hofmeister.

Otro error fácil de comprobar aparece en la página 8. Dice: "El sentimiento de ser tratados mal o de forma injusta lo comparte también una parte de la sociedad catalana que de ninguna manera aspira o defiende la independencia de su comunidad —y estos son hasta el momento la mayoría de la población". Eso no es cierto ni atendiendo a los resultados del 27S, ni a los de las encuestas publicadas.

Vuelve a insistir cinco páginas más adelante, hablando del 27S: "En general, los resultados electorales (...) demostraron una vez más que la mayoría de catalanes no quiere la independencia".

Falta de perspectiva

En la página 9 vuelve a sacar una mala conclusión por falta de perspectiva histórica y datos. La protesta del PP contra el Estatut [de 2005] —dice— explica la antipatía de muchos políticos catalanes hacia este partido y sobre todo hacia Mariano Rajoy. No tenemos que olvidar, por eso, que el PP en Catalunya tiene en las elecciones una situación complicada".

En realidad, el PP siempre ha estado en la misma "situación complicada". En las elecciones en el Parlamento desde 1980, sus resultados han oscilado entre el 5,3% de votos de 1988, su peor cifra, y el 13,1% de 1995, la mejor. En escaños: entre 6 y 19 diputados. Estos datos figuran en la Wikipedia.

El autor sitúa aquel debate sobre el Estatuto del 2005 como el punto de donde arranca el actual conflicto. Es un juicio, como el anterior, falto de una visión histórica más amplia de la política catalana. En consecuencia, algunos comentarios son, cuando menos, peculiares.

Dice, por ejemplo, que los catalanes no tendrían que haberse enfadado tanto por el fallo del Tribunal Constitucional de 2010 porque, en realidad, también desestima muchas de las demandas del PP. Tampoco consigue entender el significado de que el Constitucional recorte el Estatut una vez lo habían aprobado el Parlamento, las Cortes y un referéndum.

Los 'corruptos' Mas y Pujol

"El partido grande de la coalición, Convergència, no ha parado de radicalizarse desde el 2010 bajo la presidencia de Artur Mas", explica tres páginas más adelante. "Y a pesar que con esta radicalización no había triunfado, a pesar que el intento de celebrar un referéndum en el 2014 fracasó [habla del 9N], de que la relación con el gobierno de Madrid no paraba de empeorar y que entre Mas y Rajoy se cortó la comunicación (la expresión literal es "reinaba el silencio"), Artur Mas continuaba aferrado a la confrontación incluso después de perder estrepitosamente las elecciones municipales".

Todo es más complicado. No era solo Mas quien no hablaba. CiU perdió las municipales en Barcelona, cierto, y fue casi barrida del área metropolitana, pero fue el partido más votado (21,5%), cuatro puntos y 949 concejales por encima del segundo partido, el PSC. También la valoración del 9N, donde fueron a votar a 2,3 millones de personas contra todo pronóstico y sin que el Estado hiciera acto de presencia. La ausencia de esta valoración se añade a la inclinación del informe a hacerse eco de un solo lado del conflicto.

En la página 13 hace una acusación tremenda que no tiene apoyo de ningún tipo. Explica que la CUP sería decisiva después del resultado del 27S. Sigue: "Desde que en la precampaña se supo que él [Artur Mas], como hizo durante décadas su predecesor Jordi Pujol, se aprovechó y enriqueció con un sistema casi institucionalizado de corrupción –3% de comisión por casi toda licitación en Catalunya– (...)".

En la penúltima página comenta que la ley de Transitoriedad (que también llama "de ruptura", como la prensa española) necesitaría dos tercios del Parlamento para ser aprobada. Legalmente no es así; esta es una opinión y un deseo del entorno antisoberanista.

También hace un embrollo de la modificación del reglamento de la Cámara catalana. "En abril del 2017, Junts pel Sí ha cambiado sin vacilar el reglamento parlamentario...", explica de manera que la decisión de JxSí parece una cacicada de la mayoría. Lo es por falta de contexto: en el Congreso de los Diputados el reglamento también lo autoriza.

Grueso es también el error de decir que "entre las propuestas del borrador [de ley de Transitoriedad] hay (...) la abolición de la separación de poderes", que no es más que la repetición acrítica de la interpretación que El País ha hecho correr de uno de los borradores de la mencionada ley.