En este Día Mundial del Agua, el protagonismo en el Parlament ha sido precisamente por su ausencia. El Govern ha llevado este miércoles al pleno de la cámara catalana el decreto para hacer frente a la sequía aprobado ahora hace unas semanas con la perspectiva de recibir el apoyo de los partidos de la oposición. Una perspectiva que ha quedado en el aire hasta el último momento, y ha obligado al ejecutivo a sacar la calculadora. Los reproches de PSC y Junts, de un lado, contra la falta de diálogo y la excesiva tendencia sancionadora, y de la CUP y los comuns, del otro, contra el modelo turístico que agrava la sequía, han puesto en duda la posible validación del decreto. Pero finalmente el Govern se ha salido con la suya y ha conseguido superar esta nueva prueba de fuego, eso sí, con una votación poco habitual y nada halagadora: los 34 votos a favor de ERC han ido acompañados de las 79 abstenciones de socialistas, juntaires, cupaires y comuns, mientras que la derecha españolista ha votado en contra.
La validación del decreto no habría sido posible sin las concesiones de última hora de la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà. Durante su intervención, ha querido ofrecer algunas aclaraciones sobre la medida legislativa, haciendo referencia a los puntos que han "distanciado" el Govern del resto de partidos. De esta manera, Jordà ha reiterado que la voluntad del ejecutivo es trabajar "de la mano" de los ayuntamientos y no dejarlos solos, mientras que las multas tan solo pretenden "disuadir posibles incumplimientos", y en ningún caso tenían la "intención" sancionar. La consellera ha compartido entonces la propuesta estrella para intentar ganarse la confianza de la oposición y sacar adelante el decreto, abriendo la puerta a retocar "lo que haga falta" una vez el Parlament lo haya validado y los partidos se reúnan. "Si a la cumbre tenemos que modificar el decreto, lo modificaremos para que todo el mundo se sienta extremadamente cómodo", ha expresado. Ha sido suficiente, por la mínima. Eso sí, con el revés de tener que tramitar la iniciativa como proyecto de ley para que los partidos puedan decir la suya y añadir enmiendas.
La oposición pasa a la ofensiva
El decreto, aprobado a finales de febrero, sirvió para activar la fase de excepcionalidad, con más de 6 millones de habitantes afectados por el aumento de las medidas restrictivas sobre el consumo de agua. Ahora bien, uno de los aspectos más criticados es que la medida solo regula las sanciones a los ayuntamientos que incumplan las dotaciones, pero no recoge ni una sola inversión para hacer más resiliente el abastecimiento en las áreas que ya están en estado de excepcionalidad.
Este es el punto al cual se ha aferrado especialmente el PSC, con denuncias públicas por parte de Salvador Illa y de su grupo. La diputada Sílvia Paneque se ha sumado hoy desde el atril del Parlament, lamentando que el decreto no haya pasado por los ayuntamientos para recoger sus valoraciones y que apuesta por un "régimen sancionador" contra los municipios. "El decreto aporta soluciones en forma de medidas e infraestructuras que lleven hectómetros cúbicos en Catalunya? No, tan solo se equivoca de enfoque y traspasa la responsabilidad del Govern en los municipios", ha criticado. Además, ha lamentado que el texto no sea el resultado "del consenso y el diálogo" con el resto de formaciones y partes afectadas, cosa que se habría podido conseguir empezando por la cumbre de partidos y culminándola con un decreto que fuera el resultado.
Junts lo ha visto de manera similar, acusando el decreto de ser "mucho de sancionar, multar e intervenir y poco de acompañar". "Consigue cuatro miserables litros de agua y hace enfadar a todo el mundo", ha remachado Salvador Vergés. El diputado juntaire ha criticado que el Govern "no ha hecho los deberes" durante los últimos años, remarcando que ERC tenía la titularidad de la Conselleria cuando había el ejecutivo de coalición. También ha señalado que se tendría que haber priorizado la cumbre para después extraer el decreto. "Se tiene que venir pactado de casa, y no encontrarle el gusto a gobernar a golpe de decreto". Eso sí, ha reconocido y agradecido las concesiones de última hora que ha hecho Jordà en su discurso, que permitirán "consensuar con los grupos y el mundo local" los decretos.
Mientras tanto, la CUP y los comuns han aprovechado la ocasión para reiterar el mensaje compartido este martes contra el incremento del turismo y su efecto en la sequía. De los cupaires, Dani Cornellà se ha preguntado cómo se puede exigir a la ciudadanía que cierre el grifo cuando el modelo de país del ejecutivo "pone todos los huevos en la misma cesta" a través del Hard Rock, los Juegos de Invierno, Ryder Cup de golf y los aviones y los cruceros. "No podemos hacer decretos sin tener claro que tenemos que parar el modelo de más y más turismo", ha sentenciado. Por su parte, el diputado de los comuns Lucas Ferro ha incidido que este verano llegarán 400.000 cruceristas al país, los cuales consumen el doble de agua que los habitantes. Y todo esto acompañado de unos macroproyectos incompatibles con la sequía. "No podemos ser la imagen triste de un país en venta que ha perdido el respecto de sí mismo", ha remachado.
Teresa Jordà llama a la "responsabilidad extrema" para llegar a acuerdos en la cumbre del agua
En una valoración a los medios de comunicación posterior a la aprobación del decreto ley, la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, se ha mostrado "satisfecha" por la convalidación del mismo y ya ha situado el objectivo en la cumbre del agua de la semana que viene. "Tenemos que ser capaces, por responsabilidad extrema, de llegar a grandes acuerdos", ha defendido Jordà. La titular del Departament de Acció Climàtica ha reiterado su disposición y "compromiso de abrir de nuevo el decreto" para que "todo el mundo se sienta cómodo". En este sentido, ha abierto la puerta a incorporar un periodo transitorio en el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas del decreto, en sintonía con lo que reclama el PSC. Paralelamente, ha sostenido que trabajará "desde el consenso".