El Tribunal de Cuentas ha ampliado las actuaciones que ya tiene en marcha contra los responsables de organizar el 9N, con la incorporación de siete nuevos altos cargos, y los ha citado para este mismo 25 de septiembre para reclamarles el pago de la fianza, que podría cifrarse en 5,2 millones de euros que se calcula que costó aquella convocatoria. En caso de no hacerla efectiva, se les embargará bienes hasta cubrir esta cantidad. Se trata de una fianza para garantizar que pueden afrontar la condena si esta se produzca finalmente.

El Tribunal ha convocado al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, la consellera Irene Rigau y el exconseller Francesc Homs y a siete altos cargos más del Govern: el entonces secretario de Presidència Jordi Vilajoana, Lluís Bertran, Josefina Valls, Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.

Tendrán que hacer efectivo de manera solidaria el pago de los 5,12 millones. No todos, sin embargo, tendrán que hacer frente a la misma cantidad, dado que no todos tenían el mismo grado de responsabilidad en aquella consulta.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado su decisión el día antes de que el Parlament apruebe la ley del Referéndum que tiene que amparar la convocatoria del 1-O y ha fijado el 25 de septiembre como fecha para exigir los gastos de la consulta.

La entidad unionista Socidad Civil Catalana no había recuibdio este martes la providencia. Un portavoz explicó a El Nacional que se habían enterado "por la prensa".

El Tribunal de Cuentas, que dirige la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, miembro del sector más duro del PP, aceleró en julio los trámites para exigir a Mas, Ortega, Rigau y Homs el pago de su bolsillo de los gastos ocasionados por la celebración del proceso participativo. La intención era que lo hicieran antes del referéndum del 1 de octubre.

Esta es la providencia por la que se les convoca:

Como se acuerda en la providencia, el origen de esta actuación es la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución que acusaban al Gobierno de utilizar fondos públicos para hacer frente a los gastos de organización de la consulta.