El Tribunal Constitucional reivindica en su Memoria del año 2015 que en las sentencias que ha dictado durante aquel año con respecto al soberanismo catalán ha impuesto límites constitucionales en la acción política de la Generalitat y al Parlament.

"El Tribunal ha reiterado los límites constitucionales de la acción política, recordando que estos no son inmodificables, pero que su revisión requiere seguir los cursos de reforma establecidos en el propio texto constitucional", senyala.

La memoria destaca cuatro sentencias durante el año pasado: las impugnaciones presentadas contra la reforma de la ley de consultas populares de Catalunya, contra la convocatoria por la Generalitat de la consulta del 9 de noviembre del 2014 y contra las actuaciones de la Generalitat en la mencionada convocatoria; y la sentencia relativa a la resolución del Parlament después de los resultados de las elecciones de septiembre del 2015.

Con estas cuatro sentencias, "el Tribunal ha resuelto las cuestiones planteadas desde la única perspectiva para la cual resulta competente -la jurisdiccional, y no la política-, y de acuerdo con el parámetro que tiene que regir su enjuiciamiento, eso es, la adecuación a las normas y principios de la Constitución, por cuyo respeto tiene la obligación, de velar", dice también la memoria.

Un 22'3% más de resoluciones

Al lado de eso, el resumen de la acción del TC a lo largo del 2015 destaca que "el año pasado, la productividad del Tribunal experimentó un notable aumento: Pleno, Salas y Secciones dictaron 9.064 resoluciones (un 22,3% más que en el 2014) y resolvieron 8.759 asuntos (un 25,7% más), actividad que ha permitido reducir el número de asuntos admitidos y pendientes de sentencia en un 23,76%".

Además, expresa que "la litigiosidad constitucional experimentó, en términos generales, un leve descenso (6,46%)."

En el 2015 el Tribunal Constitucional también cumplió 35 años de vida, por lo cual su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, pone en valor en la memoria el papel desarrollado por el Tribunal en estos treinta y cinco años como "principal baluarte de la Constitución de 1978".

Su labor "ha estado determinando en el arraigo de los principios y valores constitucionales en nuestro sistema jurídico y, en general, en nuestra sociedad, siendo decisiva su contribución en la consolidación en España del Estado democrático de Derecho, la efectiva protección de los derechos fundamentales y libertades públicas y la articulación de la organización territorial del Estado diseñada por el constituyente", dice.