Fue el 6 de junio del año pasado cuando el líder del PSC, Salvador Illa, inauguraba su apuesta para reponerse del hecho de que, a pesar de ganar las elecciones del 14F, el ejecutivo catalán volvía a tener color independentista. Desde el Palau Requesens, el PSC daba el pistoletazo de salida al invento del gobierno alternativo, que la formación ocuparía en solitario y que se inspiraba en la figura de los shadow cabinets británicos y en el mismo concepto impulsado por el presidente Pasqual Maragall el año 2000. El objetivo declarado del gobierno alternativo es hacer un seguimiento crítico de la acción del gobierno Aragonès, "ejerciendo una oposición rigurosa y contundente, pero también constructiva, en disposición de colaborar, acordar y trabajar para contribuir a hacer avanzar el país".
Y hoy, casi un año exactamente desde su inauguración, los socialistas han querido hacer balance. Con todo, después de que solo hace unos días ya lo hiciera el Govern de verdad, el de Esquerra Republicana y Junts. Los independentistas afirmaron que el grado de cumplimiento del programa de legislatura había estado "satisfactorio", y se situaba en un 33,88%. Pues bien, la portavoz del PSC, Alícia Romero, también ha descrito el trabajo de su ejecutivo con esta palabra, pero ha querido subir la apuesta en la cuestión de las cifras: 23 encuentros del gobierno alternativo, con 49 documentos aprobados y ocho iniciativas legislativas entradas al Parlament. A eso hay que sumar "casi 2.000 reuniones y 5.000 kilómetros por toda Catalunya", según sus cálculos.
"Estamos intentando dar respuesta a los problemas desde el gobierno alternativo, porque muy a menudo el Govern no responde a estos temas", ha advertido. Entre otras materias, asegura que han aprobado documentos sobre la transición ecológica, sobre la memoria histórica, el plan de choque contra la crisis por la guerra de Putin, y la violencia machista. Y hoy todavía ha habido dos novedades centradas en la financiación de los municipios y el sector de la cultura. Y es que ha afirmado que "la Generalitat no ha estado a la altura" en estos aspectos y ha protagonizado "dejadez y abandono" de sus funciones.
Los socialistas también han presentado un documento en que constatan numéricamente las consecuciones. Según informa el texto, el número total de actuaciones y compromisos a desarrollar durante el primer año es de 96, y de estas se han completado 53, lo que equivale al 60% de los compromisos asumidos. Más allá, hay 27 actuaciones en proceso y en marcha, por lo que celebran que el gobierno alternativo ha activado el 90% de los compromisos asumidos.
Reprocha al Govern sus inversiones
Por otra parte, la portavoz también se ha pronunciado sobre otras cuestiones. Sobre las medidas para proteger el catalán en las escuelas, ha lamentado nuevamente que el decreto del ejecutivo "no es coherente" con la ley pactada por ERC, Junts, PSC y comuns. En este tema, ha dicho que si el Consejo de Garantías Estatutarias no lo veta, tendría que prosperar, pero no ha cerrado la puerta a que La Moncloa lo recurra ante el Tribunal Constitucional: "El gobierno central tomará sus decisiones". Y sobre los audios de Borràs, ha querido reafirmar el respeto por los procesos judiciales y la presunción de inocencia, si bien ha lamentado que "desprestigian el Parlament".
Y también ha hablado de nuevo sobre el escándalo de las inversiones en Catalunya, después de conocerse que el Estado solo cumplió un tercio de las promesas. Ha afirmado que La Moncloa tiene un compromiso firme con el territorio catalán y que intentará mejorar la ejecución presupuestaria, pero también ha puesto la mirada sobre la Generalitat. Según ha dicho, Incasol tan solo cumplió el 63,8% e Infraestructures.cat lo hizo en un 54,8%. "Está muy bien que seamos exigentes con el gobierno de España, pero que la Generalitat también haga el trabajo bien hecho", ha lanzado.