Algo no encaja. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado este martes en el que expresaba su desacuerdo con las concentraciones de apoyo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) durante las declaraciones de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, imputadas por el 9N.
El comunicado apoyaba a otro, emitido horas antes por la Sala de gobierno del TSJC, que cargaba contra aquellas manifestaciones por considerar que cuestionaba la independencia judicial.
Ahora bien, según fuentes jurídicas el formato, el contenido y los firmantes no cuadran con las funciones y competencias que delimita la ley para el Consejo General.
El comunicado se presenta como un acuerdo del plenario. Sin embargo, nada más lejos de la realidad jurídica y procesal. Concretamente, al final del documento se hace constar que está "firmado" por los integrantes del plenario. Una decisión inédita pues, técnicamente, las decisiones y acuerdos del plenario del CGPJ sólo se pueden tomar de una manera: votando. Por este motivo, al final del comunicado aparece la fórmula ha sido firmada, lo que no permite tramitar el comunicado como un acuerdo del plenario de la máxima autoridad del poder judicial español.
Tres no votaron
En primer término, la redacción del comunicado no estaba prevista en el orden del día de un Pleno del CGPJ, que se había reunido con carácter extraordinario para agilizar asuntos de orden interno. Una orden del día que, según la Ley Orgánica del CGPJ, no se puede modificar ni ampliar el mismo día de la sesión del plenario.Por otra parte, tres de los 21 miembros del CGPJ no firmaron el documento. Se trata de Roser Bach, magistrada de la Audiencia de Barcelona, esposa de Germà Gordó y a quien le une una gran amistad con el presidente del TSJC, Miquel Àngel Gimeno; la vocal Concepción Sáez, propuesta por Izquierda Unida y el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas.