El Gobierno ha comunicado que presenta tres leyes ante el Tribunal Constitucional a través un recurso de inconstitucionalidad. Lo ha explicado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de cada viernes. Tras la cumbre entre el presidente Carles Puigdemont y su homólogo en funciones, Mariano Rajoy, el Estado mantiene la maquinaria legal en marcha, defendiendo que "sólo era el ejercicio normal de las Administraciones Públicas cuando creen que se invaden competencias ", ha dicho el ministro.

Estas tres leyes quedarán también suspendidas cuando el tribunal admita a trámite. La primera ley impugnada es el impuesto sobre viviendas vacías. La segunda, una sobre gobiernos locales, que buscaba paliar los efectos de la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, que implica contener el gasto de los Ayuntamientos. En tercer término se encuentra la ley sobre igualdad efectiva de hombres y mujeres. Sobre la primera, Catalá considera que "no se puede grabar dos veces un mismo hecho imponible" y ya existiría el impuesto sobre bienes inmuebles para estos pisos vacíos.

Restar hierro

El titular de Justicia ha dejado entrever que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, insinuó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que estas tres podrían estar en trámite de estudio. Según Catalá, "le puso de manifiesto la actividad cotidiana del Gobierno, y la defensa de la Constitución y el ordenamiento jurídico". Consciente de la impopularidad que suelen generar estas iniciativas, el ministro se ha defendido, recordando que "la Generalitat había recorrido menos 50 leyes y el Estado español, 30".

Pobreza energética

Durante la comparecencia, Catalá ha valorado la petición del presidente Carles Puigdemont que no se recurra la ley de pobreza energética. El ministro en funciones afirma que primero se trabaja en comisiones, para tratar de llegar a alguna entendimiento o hacer enmiendas de los textos, y si no se llega a acuerdo, se actúa a estos efectos.

En su réplica, ha recordado que "la legalidad no es negociable" y se deben resolver "los problemas de la gente, los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la Constitución". Ahora bien, en caso de presentarse el recurso, un gesto por parte del Estado podría ser no suspenderla, mientras no hay sentencia del TC.

Sobre la judicialización de los casos del 9N, Francesc Homs, Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega, Catalá ha indicado que estas cuestiones no son de pronunciamiento para su ministerio, y que fueron los órganos de la judicatura quienes actuaron "con autonomía ". Esta era una petición que Puigdemont le hizo a Rajoy en su encuentro del pasado miércoles. 

Reunión Junqueras- Sáenz de Santamaría

El ministro ha comunicado que el Gobierno está trabajando para eleborar la lista de temas para la reunión entre el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Esta fue el acuerdo a que Rajoy y Puigdemont llegaron en la reunión, y que iba encaminada a restablecer las relaciones entre Catalunya y España. Sáenz de Santamaría no se ha podido pronunciar, en tanto que estaba en Nueva York representando a España para firmar un acuerdo sobre cambio climático, en la sede de Naciones Unidas.