El Ayuntamiento de Tarragona pagó 60.137 euros entre el 2015 y el 2018 para sufragar los gastos de la defensa jurídica de diferentes cargos políticos, trabajadores y funcionarios investigados en el caso Inipro. Así lo ha denunciado este jueves el grupo municipal de la CUP, que al mismo tiempo ejerce la acusación popular en el caso. "Es el ayuntamiento quien tendría que haber actuado como acusación, en lugar de ser nosotros quien lo hayamos tenido que hacer. Es del todo vergonzoso que, encima, la administración pública haya sufragado los gastos de las defensas", han criticado los anticapitalistas. Según la CUP, hay facturas de 12.100 euros que corresponden a la defensa del exalcalde Ballesteros y de 14.520 euros que son de la defensa del exportavoz del PSC, Begoña Floria.

Según los anticapitalistas, el gasto público también incluye la defensa del exjefe de gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, con una factura de 6.050 euros. La CUP recuerda que Cuadrado "presentó su dimisión el 26 de octubre de 2015, coincidiendo con la detención del exgerente del IMSST Antonio Muñoz, a quien también fue pagada una factura de 5.445 euros para su defensa".

En el comunicado, la CUP ha agradecido al concejal de Economía, Jordi Fortuny, que haya facilitado estos datos, dado que el verano del 2016 aseguran que no obtuvieron respuesta del gobierno socialista. La formación confía que el actual gobierno de ERC y En Comú Podem aclare "quién autorizó el pago de estas facturas y en base a qué acuerdo de gobierno o convenio lo hizo".

Al mismo tiempo, los anticapitalistas han emplazado al gobierno actual a reclamar el retorno de estas cantidades. "En un caso de corrupción como es Inipro estas facturas se tendrían que haber abonado por parte de las personas investigadas y, sólo en caso de archivo de la causa o de absolución, se podría haber requerido con posterioridad que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos", recoge la nota.

Una quincena de investigados

Actualmente se está a la espera de que la Audiencia de Tarragona dicte la abertura de juicio oral. El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juzgado, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.

Entre los delitos imputados a Ballesteros hay malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. También están investigados la concejala Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gatillo; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionaria municipal; Enriqueta Aznar, técnica del IMSS; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.

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