Este miércoles, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado un proyecto de resolución y de recomendación que insta a España a tomar medidas significativas para asegurar que las víctimas de espionaje mediante software como Pegasus reciban reparaciones adecuadas. Este llamamiento llega después de la revelación de algunos casos de espionaje relacionados con el independentismo catalán, en los cuales más de 60 personas fueron víctimas de espionaje ilegal. La resolución subraya la necesidad de que España realice investigaciones "efectivas, independientes y rápidas" en todos los casos de sospechoso abuso de espionaje. También exige que se proporcionen "reparaciones suficientes" a las víctimas de estos casos. Además, insta a las autoridades españolas a no utilizar la excusa de la seguridad nacional para impedir la supervisión y negar el acceso a la información a las víctimas.
Un aspecto crítico de la resolución es el llamamiento a imponer "sanciones adecuadas", sean de naturaleza criminal o administrativa, en situaciones de abuso en el uso de programas de espionaje como Pegasus. Esta medida busca garantizar que los culpables de espionaje ilegal sean responsabilizados por sus acciones. En un paso importante, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa da un plazo de tres meses a las autoridades españolas para presentar información detallada sobre el uso de software espía como Pegasus. Eso permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas en esta cuestión.
El texto de la resolución hace referencia a un informe de CitizenLab que reveló casos de espionaje a 65 personas relacionadas con el independentismo catalán. Aunque las autoridades españolas han reconocido el espionaje como "legal" en 18 de estos casos, la Asamblea expresa preocupación sobre el uso de Pegasus y otro software en estos contextos. Además, el texto señala una "conexión fuerte con una o más entidades dentro del Gobierno" como posible origen del espionaje. La resolución remarca que el uso de software como Pegasus tendría que ser limitado a situaciones excepcionales y como medida de último recurso para abordar amenazas genuinas y graves a la seguridad nacional. Eso refleja las dudas de la Asamblea sobre si el uso de estos programas es compatible con el respeto de los derechos humanos. "La Asamblea cree que el uso de software como Pegasus se tendría que limitar a situaciones excepcionales y como medida de último recurso para evitar o investigar actos específicos que representen una amenaza genuina y seria a la seguridad nacional", indica.