Nuevo toque de atención del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa a España. En su último informe, este organismo ha constatado la necesidad de reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del gobierno central, también en su actividad posterior, así como la actividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El informe, que aparece en pleno asedio al Gobierno por la condena contra el exministro José Luis Ábalos o el caso abierto contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, destaca la necesidad de una acción más sistemática en el combate contra la corrupción de los altos cargos y reprocha la no aplicación de algunas de sus recomenadaciones.
Entre las carencias que señala el informe destaca la ausencia de formación sobre el Código de Conducta para las personas con altos cargos ejecutivos y la necesidad de ampliar la información incluida en las declaraciones financieras que hacen públicas. También reclama que se atienda su propuesta de incluir en estas declaraciones información sobre cónyuges y familiares a cargo, en el bien entendido de que esta información no sería necesario hacerla pública.
Excargos y grupos de presión
El informe reprocha que no se han materializado en la práctica las propuestas que reclamó a España para regular los grupos de presión. El GRECO reclamó normas sobre cómo se relacionan los altos cargos con lobistas y "terceros que buscan influir en la labor legislativa o de otro tipo del gobierno". Reclama que se informe sobre estos contactos y los temas que se abordan, haciendo que las agendas sean transparentes.
Además, reclama reforzar las "restricciones posteriores al trabajo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente con respecto a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados". El informe recuerda que el GRECO ya recomendó a España que la legislación que regula las restricciones para los altos cargos una vez han cesado en sus responsabilidades fuera objeto de revisión por parte de un órgano independiente, y reprocha que estas peticiones no han sido atendidas.
Aforamiento
El informe reprocha también que no se ha impulsado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno central, el llamado aforamiento. El GRECO había reclamado que el aforamiento no se utilice para obstaculizar el procedimiento penal contra miembros del gobierno.
También en el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, considera que los progresos han resultado desiguales, ya que a pesar de mostrar algunos avances, mantienen "deficiencias persistentes". Reclama una estrategia anticorrupción específica de la Policía Nacional, a pesar de admitir que se han llevado a cabo evaluaciones de riesgos y actuaciones de supervisión. Reclama más transparencia en los nombramientos discrecionales y, a pesar de reconocer esfuerzos normativos en materia de formación policial, concluye que las mejoras estructurales en cuanto a la ética y la integridad siguen siendo incompletas. En el caso de la Guardia Civil ve más progresos, a pesar de señalar como pendiente el Protocolo de Buenas Prácticas.
La conclusión del informe es que España no cumple lo suficiente las recomendaciones y pide a las autoridades que presenten antes del próximo 30 de junio un informe sobre los progresos que ha llevado a cabo en su aplicación. Además, pide al secretario general del Consejo de Europa que haga llegar una carta al ministro de Exteriores español para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para conseguir avances palpables.