El juez instructor del Supremo Pablo Llarena y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, han mantenido durante nueve años un duelo legal por toda Europa que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, llega a su fin. Ante esta situación, el abogado reclama en un nuevo escrito de alegaciones al Supremo la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. El texto recuerda que esta ley persigue la normalización institucional, política y social en Catalunya, y que el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de este objetivo. "Su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a este fin", asegura el letrado.
La defensa de Puigdemont reclama en el escrito que "sin más demora" se inicien los trámites legales previstos para la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont, con la preferencia y urgencia que la ley impone; que dé por terminado el sumario respecto al president y que Llarena remita las actuaciones a la Sala de enjuiciamiento que deberá encargarse de decretar la extinción de su responsabilidad penal y el sobreseimiento libre de la causa respecto a él.
Asimismo, pide el levantamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión, que el juez dejó sin efecto de manera provisional el lunes de la semana pasada después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont. Reclama igualmente el levantamiento de cualesquiera otras medidas cautelares, personales o reales, acordadas contra el president en el exilio.
El texto, tras repasar las conclusiones del Tribunal Constitucional sobre la ley, recuerda que esta norma exige la aplicación de la amnistía en cualquier fase del procedimiento, tras escuchar a las partes, y "con carácter preferente y urgente y en un plazo máximo de dos meses".
Señala, además, que en la causa contra Puigdemont concurren las condiciones para que se adopte la decisión sin más trámites; y enumera los sucesivos pronunciamientos del ministerio fiscal, la abogacía del Estado y del propio juez instructor, que el 6 de octubre dejó sin efecto las órdenes de detención de forma provisional, a la espera de adoptar una decisión "sin demora" en cuanto se publicara el texto íntegro de la sentencia del Supremo.
Boye recuerda que al instructor le corresponde declarar que la malversación atribuida a Puigdemont entra dentro de la ley de amnistía, levantar de forma definitiva las órdenes de detención y otras medidas cautelares acordadas, y declarar terminado el sumario contra él, enviándolo a la Sala de Enjuiciamiento, que será la competente para decretar el sobreseimiento.
Finalmente, la defensa de Puigdemont expresa su disposición a facilitar el cumplimiento de la sentencia por vías ordinarias y con la menor carga posible para el tribunal.