Más desasosiego para los 12 miembros de CDR acusados de terrorismo al participar en acciones contra la condena de los líderes políticos en 2019. La Audiencia Nacional todavía no les aplicará la ley de amnistía, tal como le dijo que podía hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado julio, después de consultarle si la norma española podía no respetar las directivas europeas en materia de terrorismo. Según una providencia, comunicada este lunes y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, el tribunal ha dado diez días a la Fiscalía, a las acusaciones populares y a las defensas para que "formulen por escrito las alegaciones que estimen oportunas" con el fin de "garantizar la contradicción" sobre la aplicación de la ley de amnistía a los acusados.
La mayoría de los abogados defensores ya pidieron en julio al tribunal que les podía aplicar el perdón penal, sin hacer ninguna diligencia más, como recogía el TJUE. Dos meses después, pero la Audiencia Nacional alarga la agonía de los encausados, según ha denunciado Alerta Solidària. Desde la defensa de los activistas independentistas lo ha calificado de "filibusterismo procesal".
Siguiendo al Tribunal de Cuentas
Precisamente, el Tribunal de Cuentas, que también consultó al TJUE y obtuvo la respuesta el julio pasado con el aval de la amnistía, también ha abierto consultas, atrasando la aplicación efectiva en la causa del 1-O. Este procedimiento contable afecta al president en el exilio Carles Puigdemont, el presidente Artur Mas, el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y unos 33 excàrrecs del Govern.
Acusaciones hasta 27 años de prisión
La Audiencia Nacional suspendió el juicio de los CDR en septiembre de 2024 para hacer la consulta al TJUE, al dudar que se pudiera amnistiar lo que calificó de "terrorismo de baja intensidad", puesto que la ley prevé archivar una acusación de terrorismo si la persona no ha causado daños personales ni materiales, como en el caso de los encausados de la operación Judas.
Inicialmente, la Fiscalía pedía entre 8 y 27 años de prisión para los CDR por los delitos de pertenecer a organización terrorista y de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas. Semanas después de aprobarse la norma del olvido penal, el ministerio público pidió la amnistía para los doce activistas.
Por el contrario, la acusación popular, formada por Vox, asociaciones de víctimas de terrorismo y la entidad Dignidad y Justicia, se opuso abiertamente a aplicarles la amnistía, y también se opuso en la vista que se hizo en el tribunal de Luxemburgo.