La Junta General del Principado de Asturias obligará a los diputados que se expresen en asturiano a aclarar en castellano las dudas de los parlamentarios que no lo entiendan. La Mesa de la cámara asturiana ha adoptado el acuerdo con la voluntad de resolver el conflicto en torno al uso de la lengua propia de la región en el parlamento autonómico.

De esta manera, la medida, que se ha aprobado con dos votos a favor del PSOE e Izquierda Unida, obligará a los diputados asturianohablantes a resolver las dudas lingüísticas de los compañeros que afirmen no entender el asturiano. Esta aclaración, sin embargo, solo se podrá solicitar si no hay una versión previa traducida del discurso.

Con todo, para que estas dificultades en la comprensión se tomen en cuenta, el diputado afectadolas tendrá que exponer a título personal. Concretamente, el acuerdo se indica que "deben ponerse de manifiesto expresamente por quien aduzca experimentarlas, sin que quepa, pues, suponerlas con carácter general, y al término de la intervención de que se trate con el fin de evitar interrupciones y para una mejor valoración de la situación".

Así pues, una vez acabada la intervención de un diputado que utilice el asturiano en el Parlamento (siempre que no haya facilitado previamente una traducción al castellano de su intervención), cualquier parlamentario que no lo haya entendido tendrá que poner de relieve sus dificultades. A partir de aquel momento, el diputado asturianohablante dispondrá del tiempo que considere necesario para aclarar las dudas.

El Constitucional lo avala

A final de marzo, el Tribunal Constitucional avaló que se utilizara el asturiano en el parlamento autonómico. Una decisión que enterró el recurso de VOX contra la modificación del reglamento de la Junta General del Principado de Asturias que permitía el uso de la lengua propia de la región a la cámara autonómica.

Con todo, la resolución del tribunal deja claro que el asturiano no es cooficial en Asturias, ya que el Estatuto de autonomía de la comunidad no lo reconoce como tal. La resolución tuvo un solo voto en contra, el de la magistrada Encarnación Roca, que se mostró contraria a aceptar la modificación del reglamento del parlamento asturiano, y el voto particular de Pedro González Trevijano.