El vicepresident y conseller de Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha estrenado este lunes en el cargo con un mensaje para los departamentos del Govern: el fin de la intervención financiera del Estado que se inició en septiembre y que ha estado amparada durante más de 200 días por el artículo 155 de la Constitución.

"Volvemos a poner en marcha el Govern de Catalunya y ordenamos el fin de la intervención financiera desde este edificio, donde el 20 de septiembre empezaron tantas cosas y compañeros sufrieron en sus carnes la represión del Estado y de la Guardia Civil", ha dicho Aragonès, que ha citado al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó y al exsecretario general de la Vicepresidència y de Economia y número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.

En su primer día como conseller, Aragonès también ha tenido unas palabras para su antecesor, Oriol Junqueras, a quien visitará este martes en la prisión de Estremera para hacer el traspaso de carteras: "Esperamos que sea liberado pronto. Es uno de los objetivos del Govern y cuando lo sea pondremos a su disposición el cargo de vicepresidente y conseller de Economia".

Lupa injusta del Estado

Ha agradecido el trabajo realizado durante estos meses a los trabajadores públicos y muy especialmente a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, de quien ha destacado la "correcta aplicación de las normas y de la administración de las cuentas públicas bajo la lupa injusta del Estado".

El fin de la intervención financiera del Estado sobre las cuentas públicas catalanas tiene diversos grados, y aún quedarán pendientes algunos aspectos como la información mensual que la Generalitat debe remitir desde noviembre del 2015 al Ministerio de Hacienda: "Cuando haya un nuevo ministro podremos acordar que esta medida discriminatoria contra Catalunya pase a formar parte de la historia".

En julio del 2017, el control mensual impuesto por el ministro Cristóbal Montoro pasó a ser semanal con el objetivo de evitar desviaciones del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para financiar el procés. En septiembre, y después de una negativa inicial del vicepresidente y conseller de Economia, Oriol Junqueras, a dar cuenta semanalmente de los movimientos financieros de la Generalitat, Montoro impuso nuevas medidas, entre ellas  el control de pagos, operaciones financieras y contrataciones, además de la congelación del gasto en todos los apartados presupuestarios, excepto en aquellos destinados a mantener los servicios básicos. Todo ello, antes de que se aplicara el artículo 155, tras la declaración fallida de independencia.

Aragonès ha explicado que la Generalitat "cuenta con todos los presupuestos", si bien se ha encontrado algunos problemas de retrasos en algunas partidas destinadas a servicios sociales, que se realizan en Catalunya a través de entidades sociales, y ha estimado que éstos se pondrán en marcha lo antes posible.

Presupuestos

Sobre si el nuevo Govern de Quim Torra trabajará en un nuevo presupuesto, ha explicado que la puesta en marcha de nuevas cuentas este 2018 requeriría de unos tiempos que llevarían a tenerlas aprobadas, si ésta fuera la voluntad de los grupos del Parlament, hacia finales de año.

"Gestionaremos la prórroga presupuestaria y nos pondremos a trabajar para el presupuesto del 2019", ha asegurado el nuevo vicepresidente y conseller de Economia de la Generalitat.

Negociación bilateral con el Estado

Preguntado por si asistirá a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha insistido en que negociar un modelo de financiación no puede sustituir a una "negociación necesaria, urgente e inaplazable como es que el Govern de Catalunya y el Gobierno español se sienten para abordar la cuestión de la soberanía".

"Hay una mayoría electoral, lo vimos el 1 de octubre y también el 21 de diciembre —fechas del referéndum y de las elecciones catalanas—, que cuestiona la legitimidad del Estado español en Catalunya", ha aseverado.

Ha remarcado que esto se resuelve en una mesa de diálogo y negociación, aunque ésta debe ser "bilateral" y previamente se debe cumplir el marco de financiación vigente, lo que incluye la disposición adicional tercera del Estatut y el pago de 700 millones de euros de financiación de los Mossos d'Esquadra.

"Antes de un nuevo contrato hay que liquidar el contrato anterior, porque estaríamos validando que volvieran a incumplir los nuevos acuerdos", ha argumentado Aragonès.