Los centenares de activistas convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid se preparan este domingo para dormir una segunda noche, y las que hagan falta, dicen, hasta que el Gobierno apruebe el llamado decreto Maricarmen, con medidas para intervenir en la crisis de vivienda. Según indican, la primera noche "ha sido todo un éxito", después de que la manifestación del sábado por la tarde por las calles de Madrid acabase con el montaje de decenas de tiendas de campaña en la Puerta del Sol de la capital, en un espejismo de lo que fue el 15M de hace quince años. En este contexto, el presidente del Gobierno ha insistido en decir este domingo que trabaja "contrarreloj" para enviar al Consejo de Ministros del próximo martes el real decreto sobre vivienda.
Los socios minoritarios de Sumar han asegurado que no les valdrá que salga "cualquier real decreto" de la reunión del martes, sino que quieren uno que "le meta mano a los fondos buitre", tal como ha expresado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En paralelo, continúan las conversaciones entre el Gobierno y Junts y el PNV, cuyos votos son necesarios para que las medidas del decreto sean convalidadas por el Congreso de los Diputados.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha indicado que la acampada que empezaron la noche pasada "será un antes y un después" en la lucha por el derecho de la vivienda y ha celebrado como "todo un éxito" la primera noche de acampada, con "unas 300 personas". Durante el día, sin embargo, "se han ido acercando muchas más" personas en un ambiente "positivo, donde se respira un nuevo latido en la calle". Desde primera hora, se han sucedido clases de yoga o de decoración de las tiendas hasta talleres "de acción directa no violenta" o una comida popular, que ha coincidido con la manifestación convocada por la plataforma Menys Lectives en defensa de la educación pública que ha acabado en Sol. A los acampados se han acercado numerosos simpatizantes para dar alimentos, abanicos o mensajes de apoyo como el de Marisa, de la edad de Maricarmen y cuya hija está en la acampada: "Es que tienen razón", comenta en declaraciones a la agencia EFE.
Solo hay un bando bueno de la historia
Según explica Racu, las reivindicaciones van mucho más allá de la acampada porque lo "importante" es "enamorarse de la idea de que esto tiene que cambiar". En este sentido, también indica que va mucho más allá de lo que pueda proponer el Gobierno este martes y trasciende los desahucios, que son el último eslabón de años en los que "millones de personas como Maricarmen" han vivido con la inquietud de que se les "pueda expulsar en cualquier momento porque quieren hacer más dinero".
"Es una cuestión de mínimos: el decreto Maricarmen tiene que instaurar prórrogas de alquileres, que se acabe con los contratos basura y que empecemos a acercarnos al final de la compra especulativa", enfatiza la portavoz. ¿Tienen que temer los propietarios? "La pregunta es muy clara: ¿las casas son para vivir o son para hacer negocio? Si ellos tienen claro que las casas son para vivir, esto no va con ellos. Tienen que escoger bando. Y, sinceramente, solo hay un lado bueno de la historia", concluye.
Continúan las negociaciones con Junts y PNV
En este sentido, el Gobierno, asevera Sánchez, trabaja "contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto sobre la vivienda" y, por esta razón, pide "a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el parlamento". Desde Junts, cuyos siete diputados son indispensables para sacar adelante el decreto, indican que votarán a favor si el Gobierno "quiere hacer una regulación que pare los pies a los fondos buitre".
"Pero —ha advertido—, que no lo mezcle, como hizo en su momento con el decreto ómnibus sobre las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario", ha señalado. Desde el PNV, su presidente, Aitor Esteban, ha pedido que en el decreto se busque "un mínimo común denominador entre todos", a la vez que ha criticado a aquellas formaciones que van "a máximos". Todo esto, ha dicho, para solucionar "situaciones terribles, inaceptables", cosa que "se puede hacer, pero no si cada uno está pensando en la próxima proclama electoral".
Por su parte, el PP también ha aprovechado la situación para difundir un decálogo con medidas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda con medidas como la construcción de 4 millones de viviendas en 4 años y aumentar la productividad de la economía. Su objetivo es "sacar a España del estancamiento y decadencia" a la que han llevado a España "las políticas socialistas y la ausencia de reformas" y "cuyas consecuencias se empiezan a ver en la población". El PP considera que la vivienda es "el gran fracaso regulatorio español" después de "ocho años de sanchismo". Por ello, impulsan las medidas para que España "vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o el alquiler de una vivienda".
En un mensaje compartido en las redes sociales, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado que el decreto que prepara el Gobierno español debe incluir cinco garantías que consideran indispensables: topes del alquiler para los contratos de temporada y habitaciones; la suspensión de los desahucios de personas vulnerables; una prórroga extraordinaria de dos años en todos los contratos de alquiler; más autonomía para que los municipios puedan subir el IBI a los grandes tenedores y a las viviendas de uso turístico; y el "fin de los privilegios" de las sociedades de inversión.