Hay pocas buenas noticias relacionadas con el procés independentista y los tribunales. Pero hoy ha llegado la absolución de los síndicos del 1-O que estaban acusados de desobediencia y usurpación de funciones públicas.

El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona ha absuelto a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O. La sentencia constata que no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el TC.

"No se ha probado ninguna actuación de los mismos con posterioridad" al TC, dice la resolución, que remarca que todos los testigos lo niegan y que "no hay ningún documento en la causa que así lo indique" dice el texto judicial.

La Fiscalía pedía 2 años y nueve meses de prisión argumentando que firmaron resoluciones a pesar de saber que el TC había suspendido las leyes aprobadas por el Parlament que creaban esta figura.

El juez ha absuelto al catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; a la profesora de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; al profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal; al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès y a la abogada Marta Alsina.

En el juicio, todos ellos sostuvieron que no habían desobedecido las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) al suspender las leyes de desconexión porque todos renunciaron al cargo antes del referéndum.

 

 

Durante el juicio los síndicos electorales de demarcación del 1-O aseguraron que ni antes ni después del 12 de septiembre de 2017 ejercieron sus cargos. Todos explicaron que recibieron una llamada a finales de agosto o principios de septiembre para proponerles ser síndicos electorales. Aceptaron y sus nombres fueron publicados en la web del referéndum. También fueron convocados a una reunión en el Parlament el 12 de septiembre y allí dos funcionarios les comunicaron que la ley del referéndum había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, ellos no tenían que hacer nada hasta nueva orden. Más tarde recibieron requerimientos del TC para dejar los cargos.

En sus declaraciones en el juzgado, los 15, juristas, abogados, politólogos y profesores, tres por cada demarcación provincial y tres más por L'Aran, coincidieron en explicar que, aparte de la llamada inicial, no recibieron ninguna instrucción más hasta el día 12. Aquel día los desactivaron y, por lo tanto, no llegaron a tomar posesión formal de los cargos ni hicieron nada más. Tampoco recibieron ninguna instrucción posterior.