El Parlament de Catalunya ha instado este miércoles a el Govern a retirar el plan piloto que prevé la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano en centros educativos. La iniciativa ha prosperado gracias a los votos favorables de ERC, Junts, los Comuns y la CUP, así como a la abstención de Vox, mientras que el PSC, el PPC y Aliança Catalana han votado en contra. El posicionamiento de Vox ha sido clave para el resultado de la votación y supone un giro respecto al último pleno, cuando el grupo liderado por Ignacio Garriga rechazó, junto con el resto de la derecha y el PSC, una moción de la CUP que también pedía retirar el plan piloto. En esta ocasión, sin embargo, los diputados de Vox han optado por la abstención ante una moción impulsada por ERC.
El texto aprobado defiende que la iniciativa del Departament d'Educació "traslada un marco de desconfianza y señalamiento hacia las personas jóvenes" y critica que sustituya "las respuestas educativas y comunitarias por respuestas estrictamente policiales". Más allá de esta cuestión, la cámara catalana también ha instado al ejecutivo a activar medidas urgentes de apoyo económico para casas de colonias y albergues, afectados por una bajada de reservas vinculada al conflicto educativo. La moción aprobada incluye igualmente el impulso de la T-Lleure a partir de septiembre, un nuevo perfil de transporte pensado para facilitar la movilidad de 'caus' y 'esplais'. Aunque este proyecto figura en el acuerdo presupuestario entre el Govern y ERC, hasta ahora no se había concretado ningún calendario de aplicación. Entre otros puntos, el Parlament ha acordado iniciar a partir de enero el despliegue progresivo de un nuevo modelo de Carnet Jove, que se quiere "desvinculado de entidades financieras, universal, gratuito y proactivo", así como impulsar un Plan Nacional contra la Precariedad Laboral Juvenil.
Polémica por el plan piloto
Cabe recordar que, el pasado 6 de mayo, la consellera de Educació, Esther Niubó, admitió que siete de los catorce institutos que participaban inicialmente en el plan piloto habían decidido dar un paso atrás y abandonarlo. En una entrevista en TV3, Niubó atribuyó esta retirada a la "tensión mediática" generada alrededor del proyecto. "No me ha gustado el ruido mediático que se ha generado. La información salió antes que la valoración y seguramente explicamos tarde el proyecto", reconoció la consellera, que remarcó la necesidad de "dejar trabajar con tranquilidad" a los centros que sí quieren seguir participando.
Niubó insistió en que la prueba piloto responde a la demanda de algunos centros y servicios territoriales para abordar conflictos que a menudo se originan fuera de los institutos, pero que acaban teniendo impacto en ellos. Con todo, subrayó que no se trata de una política pública consolidada, sino de una iniciativa voluntaria que debe servir para evaluar posibles decisiones futuras. La consellera también reiteró que ningún centro está obligado a formar parte del proyecto si no se siente cómodo o no lo considera útil, en un contexto marcado por la controversia y el debate político sobre el papel de la policía en el ámbito educativo.