El Código de conducta de los diputados y el de los senadores de las Cortes Generales españolas obliga a los miembros de ambas cámaras de la legislatura española a informar sobre sus reuniones con miembros de grupos de interés desde su aprobación en el año 2020. Sin embargo, la gran mayoría de los legisladores continúan sin hacerlo, incumpliendo la normativa que se les aplica, y dejando la falta de transparencia como la gran protagonista en las relaciones entre los legisladores y las personas que buscan influir en la toma de decisiones de estos. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha avisado, por quinto año consecutivo, en un informe de la extensión del incumplimiento de las reglas que deben seguir los representantes de la ciudadanía. El informe señala que ocho de cada diez diputados y senadores incumplen con la obligación de publicar en las páginas web del Congreso y del Senado sus agendas al detalle. Aunque todos dan cuenta de sus actividades estrictamente parlamentarias, solo el 20 % aporta otros datos y, en todo caso, “raramente” consignan sus reuniones con grupos de interés, a pesar de que están obligados a hacerlo.
En su apartado de “recomendaciones”, la oficina insiste a las cámaras en la de “recordar” a los parlamentarios la “obligación” de “publicar” en sus agendas públicas todas las reuniones que mantengan con los lobbies, también conocidos como grupos de presión o, más suavemente, grupos de interés. El informe, que utiliza datos hasta el 31 de diciembre de 2025, señala que todos los miembros de ambas cámaras publican sus actividades parlamentarias, como la asistencia a sesiones de los plenos y las comisiones, pero la mayoría no hace lo mismo con el resto de actividades. En el Congreso, 75 diputados (21,42 %) informan de actividades fuera del ámbito estrictamente parlamentario, un aumento respecto a los 46 que lo hacían el año anterior, mientras que en el Senado son 55 (un 20,67 %) los que dan esta información, un descenso respecto a los 64 senadores que lo hicieron en 2024.
En todo caso, se observa que “en muchos casos las anotaciones de reuniones diferentes de las puramente orgánicas de la Cámara se hacen de manera ocasional y no regular y se refieren a menudo a asistencia a actos, pero pocas veces a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. Es decir, a pesar de las “reiteradas recomendaciones” que la oficina ha hecho en sus informes anuales, continúan siendo “una minoría” los que informan de actividades más allá de las estrictamente parlamentarias y casi nadie consigna contactos con lobbies en las webs de Congreso y Senado. “Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje totalmente la realidad de la actividad de los miembros de las cámaras”, se lamentan en el informe.
Falta de regulación y de sanciones
El año pasado, la Comisión Europea señaló en su apartado sobre España de su Informe sobre el Estado de derecho las insistentes indicaciones de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre la necesidad de cumplir los códigos éticos y que estas no evitaban que “solo unos pocos parlamentarios publiquen información sobre reuniones con grupos de interés”. Hasta ahora, el Código de Conducta de las Cortes es la única regulación existente en el ámbito estatal sobre los grupos de presión y la publicidad de las reuniones con estos por parte de los legisladores. En Cataluña, así como en otras comunidades autónomas, existe una regulación propia de este sector, pero no así para la administración estatal.
El gobierno español que preside Pedro Sánchez se comprometió de nuevo en 2024 a aprobar una regulación sobre los lobbies, y por ello aprobó en 2025 un proyecto de ley sobre “transparencia e integridad de las actividades de grupos de interés”, pero que solo afectaría a los funcionarios de la Administración General del Estado y dejaría fuera a los legisladores. Para estos, se propone la modificación de los reglamentos de las cámaras, que está previsto en el Código de Conducta, pero que aún no se ha materializado. La falta de este desarrollo normativo también impide la aplicación de sanciones a los legisladores infractores.
En el año 2022, la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos ya aprobó un proyecto de ley para regular el papel de los lobbies en la política, pero este no llegó ni al Congreso de los Diputados para su discusión. Los profesionales del sector de las relaciones institucionales señalan que falta “voluntad política” para atajar la regulación de estas reuniones y encuentros, también por el recelo de plataformas como sindicatos o patronales de acabar calificados de lobbies por su comportamiento hacia las administraciones y los legisladores. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) denuncia que la poca normativa que hay aprobada es vaga en sus definiciones y apuesta por una legislación de ámbito estatal que sea de aplicación a los miembros de las administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico y municipal). Piden que se cree un registro común para todas las administraciones y se detallen las actuaciones de los grupos de intereses sobre cambios introducidos en la elaboración de normas, así como un código de conducta que evite conflictos de intereses y puertas giratorias.