Catorce organizaciones integrantes de la Comissió 9 de Octubre, entre ellas los sindicatos CCOO e Intersindical y los partidos PSPV, Compromís, Podemos, EUPV y ERPV y entidades como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Plataforma por el Derecho a Decidir o la Sociedad Coral El Micalet, se han personado como acusación popular en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia por las agresiones fascistas registradas momentos antes de la manifestación del pasado 9 de Octubre.

Según ha informado Acció Cultural en un comunicado, el motivo de la personación es "la defensa de los derechos elementales de manifestación y libre expresión, que fueron vulnerados aquel día". Las agresiones a periodistas y participantes en la marcha, convocada en defensa de la lengua y la cultura valenciana, que protagonizaron grupos de ultraderecha se saldaron con la imputación de diecisiete personas, la mayoría de las cuales ya han declarado ante el juez que instruye la causa.

En opinión de Acció Cultural, "esta acción violenta se produjo sin que la delegación del gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado cumplieron con su deber de garantizar el libre ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos elementales de manifestación y libre expresión y la seguridad física de los ciudadanos ante la violencia de grupos minoritarios". "La acción violenta de grupos minoritarios impidió el inicio de la manifestación en el sitio previsto –la plaza de Sant Agustín- y el fin en el Parterre, que se encontraba ocupado por personas con actitud agresiva, y además los participantes sufrieron insultos, amenazas y agresiones físicas", ha denunciado la entidad.

Hasta ahora, se han presentado acusaciones particulares (de las personas agredidas), dos acusaciones populares (de Movimiento contra la Intolerancia y del Ayuntamiento de València, esta última en vías de confirmación, ya que ha sido impugnada por las defensas) y una del Ministerio Fiscal, en las cuales se suman las de las ya mencionadas asociaciones integradas en la Comissió 9 de Octubre.

El juzgado ha declarado la complejidad de la causa, vista la multiplicidad de hechos, de afectados y de partes en el procedimiento y las múltiples diligencias a practicar, lo cual permite exceder el plazo ordinario de seis meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de las causas penales y trabajar con exhaustividad todas las vías de investigación.