No es fácil triangular intereses confrontados. La derecha de Junts y la izquierda del Consejo de Ministros tienen que conectar la profunda crisis de la vivienda en un real decreto que no soluciona la falta de oferta ni los problemas de acceso. Pero puede servir de alivio, a modo de ibuprofeno, en un mercado roto por muchos sitios y por varias causas. El detonante del desahucio de Maricarmen, precedido por el suicidio de Olga en L’Hospitalet, fue un caldo de cultivo que desde el Ministerio de Vivienda leyeron y valoraron días antes del desahucio en Madrid. Llevaban negociando con Urbagestión desde julio y, por previsible que fuera —era el cuarto y definitivo intento de lanzamiento—, no dejaría de tener impacto. La imagen de los antidisturbios, radial en mano, sacando a una anciana de su casa, lleva a otra época. A aquella a la que este Gobierno progresista se conjuró para no volver. El acelerador de Maricarmen ha derivado en una presión social concentrada en la acampada de Sol y en un texto armado en cuatro días. El texto del real decreto no es nuevo. Su borrador remontaba a julio, cuando el ejecutivo lo retiró y aplazó hasta septiembre.
Esa falta de apoyos de julio es la misma de hoy y viene por el flanco izquierdo. Junts tiene razón cuando asegura que puso las medidas sobre la mesa y no se ha movido de ellas. No eran de máximos, pero sí un alivio fiscal favorable a su electorado y permeable a Podemos y Sumar. ERC no puede ir a máximos. Los morados decidieron hace días que tampoco, con la retirada de la ley del suelo podría ser suficiente. El escollo interno ha venido sobre todo de Sumar. Las negociaciones durante el fin de semana amagaron con la ruptura y hoy se han escenificado con varias imágenes incongruentes con una mesa de negociación.
La presión en las calles ha empujado a los partidos a darse la mano en el real decreto de vivienda, seguramente el último gran pacto de la legislatura. Si decae, sufrirán. Sobre todo el Gobierno
La jugada a máximos de Sumar, el único socio dentro del Gobierno, tiene que ver con su debilidad. Su fragmentación, con el liderazgo vacante tras la salida de Yolanda Díaz, y un proceso de candidatura y primarias que no han sido capaces todavía de poner en marcha. En el fragor de las negociaciones, el ejecutivo socialista valoró su posible salida del Gobierno. Hay un motivo razonable. El real decreto les da una razón de peso para sumarse a las acampadas, reforzar su perfil de izquierdas y marcar el territorio electoral. Pero esa debilidad de Sumar es tan notable que no serviría de acicate para lanzarse a la precampaña. Necesitan los ministerios como plataforma, las multimarcas no tienen financiación suficiente para aguantar lo que reste de legislatura en campaña y la decisión sería muy difícil de consensuar. Si el ministro Pablo Bustinduy quisiera salir, tendrían que estar de acuerdo la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun.
La presión en las calles ha empujado a los partidos a darse la mano en el real decreto de vivienda, seguramente el último gran pacto de la legislatura. Si decae, sufrirán. Sobre todo el Gobierno. El recuerdo del 15M permanece y el runrún de las calles recuerda cómo les pasó factura a todos ignorar la interpelación social. Los 186 diputados de Mariano Rajoy, aquella mayoría aplastante, venían envenenados. Fue la última legislatura del bipartidismo. Por diversas razones, ninguno se atreve a romper y asumen la responsabilidad de aportar algo a un malestar transversal que tiene en la vivienda uno de sus principales focos. Perciben que su electorado premiará a quien se tome en serio la crisis. La única que ha decidido ironizar y burlarse del caso Maricarmen ha sido Isabel Díaz Ayuso. Es una incógnita cuándo saldrá del Gobierno Sumar, no será hoy. Y hay otra incógnita: cómo llega al mes de mayo, su mes electoral, la presidenta de Madrid, atrapada en el caso del ático —ironías de las coincidencias políticas—. La vivienda, tiene razón Gabriel Rufián, puede llevarles por delante.