En un municipio del área metropolitana de Barcelona, unos parientes míos que acababan de perder a sus padres recibieron la oferta de un constructor sobre la casa vacía, que hacía esquina, para edificar un bloque de viviendas. Se pusieron de acuerdo, pero, en el último momento, el constructor rebajó drásticamente la oferta porque el ayuntamiento lo obligaba a dedicar el 30 % a vivienda social, financiado por él. El resultado fue que, como la operación no salía a cuenta a ninguna de las dos partes, el acuerdo se rompió y no hubo oferta de vivienda, ni cara ni barata, en un municipio donde mucha gente, rica o pobre, buscaba un lugar para vivir y no lo encontraba.
Noticia de ayer: la falta de oferta y los precios elevados mantienen a la baja la compra de viviendas por sexto mes consecutivo.
El artículo 47 de la Constitución española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y añade que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Así que la obligación de los poderes públicos es facilitar la construcción de viviendas y fomentar el alquiler, obviamente a precios asequibles, es decir, todo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Hay una evidencia aritmética irrefutable. Si faltan viviendas, habrá que construir más. Es de sentido común.
Sin embargo, no ha sido el sentido común el que ha inspirado las políticas públicas de las últimas décadas en materia de vivienda en general en España y muy especialmente en Catalunya. Apenas se han hecho promociones de vivienda pública y se han puesto todo tipo de trabas a la construcción y al mercado del alquiler.
El gobierno municipal que más propaganda hizo de la reivindicación del derecho a la vivienda fue el que lideró en Barcelona Ada Colau. Acertó poniendo el asunto como la gran prioridad, pero una cosa es predicar, que da resultados mediáticos y electorales, y otra ejecutar políticas públicas, que en este caso han tenido como resultado lo contrario de lo que se perseguía. Es en la ciudad de Barcelona donde la crisis de la vivienda más se ha ensañado. Faltan pisos y los que hay no son asequibles ni para las clases medias; los precios de los alquileres se han disparado, entre otros motivos, porque se ha incentivado que el mercado se desplace hacia el alquiler de temporada y, mira por dónde, los fondos buitre siguen ejerciendo su voracidad casi con barra libre.
Este es el resultado de discursos estrictamente ideológicos cuyo objetivo principal es arrogarse la bandera contra la propiedad, contra la especulación, contra los constructores y contra los propietarios de pisos de alquiler. Discursos populistas que proponen soluciones fáciles —las expropiaciones— a problemas complicados, igual que hace la extrema derecha.
Con el gobierno más progresista de la historia, discursos y políticas estrictamente ideológicas y populistas han contribuido a la crisis de la vivienda y no han evitado desahucios escandalosos como el de Maricarmen
Y resulta que los discursos no van acompañados de suficientes recursos que es, al fin y al cabo, la madre del cordero. En la última década, el esfuerzo inversor de España en vivienda pública y/o asequible ha sido miserable, siendo como es el país con menos vivienda pública de toda Europa. Fueron los gobiernos socialistas los que legislaron a favor de los fondos buitre. Suprimieron los alquileres de renta antigua y las subrogaciones como la de Maricarmen, claro que era en época de Felipe González, pero el gobierno más progresista de la historia no ha sido capaz de revertir nada, ni siquiera de recuperar las desgravaciones fiscales a los inquilinos suprimidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿De qué sirve un gobierno tan progresista que no es capaz de evitar el desahucio de una mujer de 87 años?
Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, como ahora con el escandaloso desahucio de Maricarmen. Sumar y Comuns no han hecho más que llenarse la boca de consignas y ahora que se acercan las elecciones vuelven a vociferar. Otros gobiernos del entorno europeo, sin tanta propaganda, sí que han tenido el coraje de legislar para evitar la adquisición de edificios por parte de los fondos buitre, mientras aquí la persecución es contra los pequeños propietarios de pisos de alquiler que, con leyes favorables, son los que pueden contribuir a que mucha gente encuentre casa para vivir y los jóvenes se puedan emancipar.
Con toda la desfachatez que lo caracteriza, Pedro Sánchez dijo que del desahucio de Maricarmen tenían la culpa el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que son las administraciones que tienen la competencia. Ciertamente, todo el mundo recuerda los negocios inmobiliarios del Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella con fondos buitre, pero las acusaciones de Sánchez al Partido Popular nos llevan a concluir que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es absolutamente incompetente y, por lo tanto, innecesario. Volvemos a lo de siempre, municipios y comunidades tienen la competencia, pero no tienen los recursos y la potestad legislativa principal corresponde al gobierno del Estado.
En cuestión de recursos, Catalunya continuará con el mismo problema de siempre. Como el problema de la vivienda se ha convertido en la principal preocupación también de los catalanes, el Govern de Salvador Illa no ha tenido más remedio que atender la reivindicación y, por primera vez, los presupuestos de la Generalitat aprobados este año prevén una importante inversión pública en vivienda, 2.940 millones de euros. ¡Ya era hora! Resulta, sin embargo, que también se prevé una fuerte inversión en infraestructuras que, como todo el mundo sabe, hacen mucha falta; una inversión multimillonaria para atraer capital extranjero; existe el compromiso de, progresivamente, doblar el presupuesto de Educació y de Cultura... Todo ello con una financiación autonómica que continúa encallada y que en el mejor de los casos promete 4.700 millones más de lo que había con el sistema todavía vigente pactado hace 17 años... Disculpe el lector, pero como lo veo todo tan negro y como ya tengo una edad, he pensado que no es necesario escribir cada domingo, así que ya nos veremos de vez en cuando.