España se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre entre promesas, vetos cruzados y coaliciones de difícil encaje. Pero ¿qué soluciones reales ofrecen los partidos a los problemas de los ciudadanos? ¿Cuáles son viables? Y, sobre todo, ¿queda alguien que entienda que la política consiste en servir y no en servirse?
Hay algo profundamente desalentador en escuchar a nuestros dirigentes políticos cuando una tiene hijos, responsabilidades, facturas que pagar y experiencia suficiente para distinguir las promesas de las realidades. No porque hayamos perdido la confianza en la política, sino precisamente porque sabemos cuánto necesitamos que funcione.
A poco más de un mes de las elecciones generales, los partidos vuelven a pedirnos el voto. Y creo que deberíamos empezar por hacerles preguntas bastante sencillas: ¿qué problemas piensan resolver?, ¿cómo van a hacerlo?, ¿cuánto costará?, ¿qué apoyos necesitan? Y, especialmente, ¿qué han hecho hasta ahora para merecer nuestra confianza?
El PSOE de Pedro Sánchez vuelve a presentarse como garantía de los derechos sociales frente a la derecha. Puede reivindicar subidas del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y determinadas reformas laborales. Pero también debe responder por los problemas que persisten después de años de gobierno. La vivienda sigue siendo inaccesible para demasiados jóvenes y familias, y los servicios públicos presentan deficiencias que no desaparecen por anunciarlos como prioritarios. Proteger las pensiones es imprescindible; explicar cómo financiarlas de manera sostenible, también. Y aprobar decretos sin garantizar su convalidación parlamentaria puede servir para construir un relato electoral, pero difícilmente ofrece seguridad a los ciudadanos.
El PP de Feijóo promete estabilidad institucional, menos impuestos, seguridad jurídica y más vivienda. Son objetivos legítimos, algunos perfectamente razonables. Sin embargo, construir cientos de miles de viviendas exige suelo, financiación, trabajadores y coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Reducir impuestos obliga a explicar cómo se sostendrán los servicios públicos. Y hay una cuestión inevitable: ¿qué estaría dispuesto a negociar con Vox para llegar a la Moncloa?
Porque Vox ofrece respuestas contundentes a problemas reales, como la inseguridad, la inmigración irregular o las dificultades económicas. Pero una cosa es identificar preocupaciones ciudadanas y otra resolverlas dentro del ordenamiento jurídico. Las expulsiones requieren garantías legales; determinadas reformas territoriales exigirían modificar la Constitución; y prometer simultáneamente menos impuestos y mejores prestaciones demanda unas cuentas que cuadren. La contundencia de un discurso no garantiza su viabilidad.
A la izquierda del PSOE encontramos otra paradoja. El Frente Amplio, con Ada Colau y las organizaciones vinculadas a Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, defiende la cooperación, la solidaridad y los derechos sociales, pero no ha conseguido entenderse con Podemos para concurrir conjuntamente en buena parte de España. Irene Montero mantiene su proyecto electoral diferenciado. Ambas opciones defienden políticas sociales con importantes coincidencias, aunque también diferencias de estrategia y organización. ¿Cómo explicar a los ciudadanos que quienes quieren gobernar mediante acuerdos son incapaces de alcanzarlos entre ellos? Y, sobre todo, ¿cuánto pesan las discrepancias políticas y cuánto los liderazgos y las posiciones en las listas?
Catalunya ofrece un retrato especialmente interesante de estas contradicciones. El PSC apuesta por la continuidad socialista y la estabilidad institucional, pero debe explicar cómo mejorará efectivamente la financiación, la vivienda y los servicios públicos. ERC, con Gabriel Rufián, combina su reivindicación nacional con una agenda progresista y un entendimiento electoral con Podemos. Junts, con Míriam Nogueras, reivindica su capacidad negociadora y la defensa de los intereses catalanes, aunque también debe demostrar qué resultados concretos produce esa influencia. Los Comuns defienden una mayor intervención pública y pueden ser evaluados por su experiencia de gestión. El PP y Vox plantean alternativas al independentismo con diferencias importantes sobre el modelo territorial y las políticas económicas. La CUP, por su parte, ha decidido no presentarse, como Orriols.
En Catalunya, como en el resto de España, deberíamos dejar de medir la eficacia política por la contundencia de las declaraciones. No se trata de quién proclama defender mejor a los ciudadanos, sino de quién consigue mejorar efectivamente sus condiciones de vida.
La aritmética parlamentaria tampoco admite demasiadas fantasías. El PP podría necesitar a Vox. El PSOE necesitaría probablemente a las fuerzas de izquierda y a distintos partidos territoriales. ERC, Junts, PNV, EH Bildu y otras formaciones podrían resultar decisivas, aunque sus proyectos no siempre sean compatibles. Gobernar exige negociar, y negociar significa aceptar que nadie podrá aplicar íntegramente su programa.
España no necesita más salvadores, sino representantes capaces de administrar lo público con responsabilidad y respeto. Necesita acuerdos duraderos sobre vivienda, educación, sanidad, pensiones y desarrollo económico
¿Por qué no explicar antes de las elecciones qué medidas son irrenunciables, cuáles se pueden pactar y cuáles requieren reformas legales o mayorías que difícilmente existirán? ¿Por qué no presentar compromisos verificables en vivienda, sanidad, educación y financiación pública? ¿Por qué seguimos tolerando que se prometa lo que se sabe imposible?
Pero hay algo que me preocupa incluso más que la falta de realismo de determinadas propuestas: la ausencia de cultura democrática.
Hemos normalizado que los dirigentes se insulten, que desacrediten a periodistas por preguntar, que conviertan al adversario en enemigo y que utilicen las instituciones como escenario de sus disputas. La presunción de inocencia parece depender del partido del investigado. La corrupción escandaliza más o menos según quién la protagonice. Y reconocer un error se interpreta como una debilidad en lugar de como una muestra de honestidad.
Como madre, encuentro especialmente preocupante esta contradicción. Pedimos a nuestros hijos que respeten las normas, que no insulten, que dialoguen, que reconozcan sus equivocaciones y que aprendan a convivir con quienes piensan diferente. Después encienden la televisión y contemplan a representantes públicos comportándose de una manera que difícilmente aceptaríamos en una clase de primaria.
¿De verdad este es el ejemplo que queremos ofrecerles?
Me pregunto si queda alguien en política que sea respetuoso, competente, honesto, coherente y que haya llegado para servir. Seguramente sí. Hay representantes de distintas sensibilidades que trabajan con discreción, escuchan y buscan soluciones. Pero hacen bastante menos ruido que quienes convierten cada intervención en una pelea.
Tampoco deberíamos buscar dirigentes perfectos. Lo razonable es exigirles integridad, preparación, capacidad de gestión y disposición a rendir cuentas. Una persona puede tener buenas intenciones y ser incapaz de administrar. Puede defender ideas contrarias a las nuestras y demostrar una honestidad ejemplar. La afinidad ideológica no garantiza la decencia, del mismo modo que la discrepancia no convierte a nadie en enemigo.
Me gustaría escuchar a un candidato reconocer que no tiene soluciones inmediatas para todo. Que explicara cuánto cuestan sus propuestas, qué competencias necesita y con quién piensa acordarlas. Que admitiera los aciertos ajenos y los errores propios. Que no prometiera reducir todos los impuestos, aumentar todas las prestaciones y resolver todos los problemas al mismo tiempo.
No me parecería un candidato débil. Me parecería una persona sensata.
España no necesita más salvadores, sino representantes capaces de administrar lo público con responsabilidad y respeto. Necesita acuerdos duraderos sobre vivienda, educación, sanidad, pensiones y desarrollo económico. Y necesita recuperar una idea elemental: las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos.
El 29 de noviembre volveremos a elegir. Quizá no encontremos una candidatura con la que coincidamos plenamente, pero podemos exigir que nos traten como adultos, con información, propuestas viables y compromisos comprobables. La política no debería ser un medio para conseguir privilegios, colocar amigos o garantizar carreras personales. Es una responsabilidad temporal que se asume en nombre de todos.
Y quien no comprenda la diferencia entre servir y servirse difícilmente debería pedirnos que depositemos en sus manos nuestro futuro.