De qué curiosa manera (a lo "efecto Streisand") acaba una enterándose de sucesos que quizá resulte inexcusable no saber, pero que, en todo caso, habían escapado a mi conocimiento. "Los seis de La Suiza" parece el título de una película de esas que versan sobre injusticias sociales o políticas y que, si la historia no acaba bien porque la injusticia se perpetúa en el tiempo, finaliza con unos créditos en los que se recuerda que veinte o más años después se resarció su dignidad maltrecha con alguna declaración, placa o monumento y, claro, con la propia película en la que todo eso se dice.

Pero en este caso, la conclusión a la que se llega, analizando los hechos judicializados y condenados, sería justamente la contraria. El resarcimiento que en forma de indulto parcial se ha querido dar por parte del gobierno a instancias de la ministra de Trabajo más bien parece un roto añadido a la violencia ejercida sobre el pequeño empresario que acabó cerrando su negocio por efecto de las coacciones llevadas a cabo —supuestamente en ejercicio de la libertad sindical—, pero que para los tribunales de forma reiterada constituían un delito grave de coacciones, amén de otro de obstrucción a la administración de Justicia por el hecho de que la finalidad con la que se llevaron a cabo, en realidad, nada tenía que ver con la libertad sindical y sí con la voluntad de que dicho empresario retirase una denuncia por agresiones que había presentado contra la pareja de la trabajadora de dicho negocio, cuyo presunto acoso laboral dio principio a todo el desaguisado.

Algunas de las acciones llevadas a cabo amparándose en la libertad sindical pueden acabar cruzando la frontera del delito

Con independencia de las decisiones políticas adoptadas por el gobierno en este caso y recordando que la indemnización económica derivada de la condena por coacciones sigue en pie, y no es precisamente pequeña, es necesario hacer una valoración más global sobre los alcances de la libertad sindical y el hecho de que algunas de las acciones llevadas a cabo amparándose en ella pueden acabar cruzando la frontera del delito. Quién no ha conocido a trabajadores que, por el hecho de no sumarse a una huelga promovida por un sindicato, se han visto amenazados en su integridad física o en sus pertenencias por trabajadores (y compañeros) que, por su condición de liberados sindicales, a diferencia de ellos, cobraban su sueldo igual que si trabajasen por el hecho de formar parte del llamado “piquete disuasorio” y gracias a la “caja de resistencia sindical”, una caja que, por cierto, habida cuenta de la escasa filiación sindical de nuestro país, pagamos todos, incluido el coaccionado, a través de la parte de nuestros impuestos que va a subvencionarlos.

Los sindicatos, en particular los de clase, han sido en nuestro país motor de libertades, conquistadores en el reconocimiento de derechos laborales. Les debemos mucho. Pero hace tiempo, quizá incluso más que el que tiene su sintonía actual con el gobierno, que parecen haber olvidado su función. Imagino que, entre otras cosas, es complicado morder la mano que da de comer al engranaje y que, en el fondo, como se ha demostrado en el caso de huelgas como las de médicos o maestros, su sintonía con sectores laborales ajenos a sus secciones tradicionales es menguante. Un caso como el de los seis es más un síntoma que una consecuencia de su actual situación, incluso en espacios de activismo sindical reconocido, como es el caso de Asturias.

Más allá de todo eso, queda la pregunta sobre el alcance y conveniencia de la obsoleta figura del indulto, una intromisión gubernamental en la acción de la justicia que solo nos parece bien cuando compartimos o asentimos el perdón, pero que, en sí, no deja de ser una reminiscencia de un pasado al que sin duda no nos gustaría volver.