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La ministra de Igualdad calificó de bulos las denuncias sobre los dispositivos de protección de mujeres maltratadas. Los informes oficiales acreditan fallos graves, una grabación publicada por ABC cuestiona su discurso público y la Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios.

Hay escándalos políticos que trascienden las siglas porque afectan directamente a la seguridad de las personas. El de las pulseras antimaltrato es uno de ellos. No hablamos de un error administrativo cualquiera, sino de dispositivos destinados a garantizar que un agresor no se acerque a una mujer amenazada. Y, durante demasiado tiempo, las advertencias sobre su funcionamiento fueron recibidas con descalificaciones políticas, mientras los problemas quedaban reflejados en documentos oficiales.

Los hechos comienzan en noviembre de 2023, cuando la gestión del sistema Cometa pasó de Telefónica a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas, mediante un contrato de 42,6 millones de euros adjudicado durante la etapa de Irene Montero. La transición provocó problemas de acceso a los datos históricos de geolocalización. No se trataba únicamente de alarmas defectuosas: esos registros eran necesarios para acreditar judicialmente posibles incumplimientos de órdenes de alejamiento.

Durante 2024, fiscalías y órganos judiciales comenzaron a advertir de las incidencias. La asociación granadina La Volaera, presidida por María Martín, sostiene que alertó de los problemas desde junio de aquel año. Sus denuncias públicas describían fallos de localización, alertas erróneas y mujeres sometidas a una angustia permanente ante la incertidumbre de no saber si sus agresores estaban siendo controlados correctamente.

En mayo de 2025 se produjo un episodio cuyo contenido no conoceríamos públicamente hasta esta semana. Según una grabación publicada por ABC el 18 de noviembre de 2026, la ministra Ana Redondo reconoció, durante una reunión celebrada el 21 de mayo de 2025 con responsables y trabajadores del servicio, que la falta de tecnología adecuada permitía posibles manipulaciones por parte de los agresores y que el sistema de geolocalización "falla en la esencia", algo que, según sus palabras, "no fallaba hace cuatro años o tres años".

La trascendencia de esas declaraciones es evidente: la responsable política habría reconocido en privado problemas que posteriormente minimizó ante la ciudadanía.

El 24 de septiembre de 2025, Redondo habló públicamente de una "vorágine de mentiras y falsedades". En el Congreso defendió que el sistema funcionaba y que las alertas saltaban en todo momento. Sin embargo, la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024 ya describía múltiples fallos, dificultades para recuperar datos y procedimientos afectados por la ausencia de pruebas, con sobreseimientos y absoluciones. La Fiscalía precisó posteriormente que las absoluciones fueron mínimas y que muchos procedimientos pudieron reabrirse, pero eso no elimina la realidad de las incidencias.

Reconocer un fallo no destruye una política pública; ocultarlo, minimizarlo o desacreditar a quienes lo denuncian puede destruir la confianza necesaria para que funcione

El 11 de noviembre de 2025 se produjo otra interrupción del servicio que afectó a las comunicaciones y a determinadas alertas. Igualdad acabaría sancionando a Vodafone con 25.285 euros en marzo de 2026.

Mientras tanto, La Volaera continuó actuando. En diciembre de 2025 comenzó a reunir testimonios para estudiar una acción colectiva y, el 2 de febrero de 2026, formalizó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por posibles vulneraciones de la normativa relacionadas con pérdida de información, falta de trazabilidad y deficiencias de seguridad. Son hechos denunciados cuya eventual responsabilidad jurídica debe determinarse, pero resulta difícil sostener que nadie había alertado de lo que estaba ocurriendo.

La confirmación institucional más contundente llegó el 23 de septiembre de 2026. El Tribunal de Cuentas documentó 123 requerimientos judiciales que no pudieron atenderse por problemas de acceso a información histórica. También constató graves deficiencias en el contrato de 2023: errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores, interrupciones del servicio, baterías deficientes y retrasos en reparaciones. El organismo señaló que esas deficiencias habían sido resueltas, pero comprometieron la efectividad del servicio durante parte del periodo fiscalizado.

La cuestión adquirió otra dimensión el 12 de noviembre de 2026, cuando la Fiscalía Europea comunicó actuaciones de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, con apoyo de la UCO de la Guardia Civil, por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a estos dispositivos. La investigación se había iniciado en 2025. Conviene ser precisos: investigar un posible fraude no significa que esté demostrado, ni convierte automáticamente los fallos técnicos en delitos. La ministra defiende que los fondos se emplearon correctamente.

Tras la publicación del audio, Redondo afirmó el 18 de noviembre que las grabaciones podrían estar manipuladas y que no las reconocía. Igualdad defendió que los protocolos de protección permanecían operativos y que el sistema actual es tecnológicamente superior. No consta una verificación pericial pública concluyente sobre la autenticidad íntegra de la grabación. Pero existe algo que no depende de ese audio: los fallos están acreditados por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.

También debemos desmontar dos exageraciones. No está demostrado que todas las pulseras fallaran ni que todas las mujeres portadoras estuvieran permanentemente desprotegidas. La Fiscalía ha defendido la utilidad de estos dispositivos y ha constatado que, hasta el periodo examinado en su memoria de 2024, ninguna mujer asesinada portaba uno. Pero tampoco es cierto que los problemas denunciados fueran simples invenciones políticas.

Y aquí reside el verdadero escándalo. Reconocer un fallo no destruye una política pública; ocultarlo, minimizarlo o desacreditar a quienes lo denuncian puede destruir la confianza necesaria para que funcione. Una mujer que vive amenazada necesita saber si el dispositivo que debe protegerla es fiable, qué riesgos presenta y qué alternativas existen cuando falla. No necesita escuchar a sus gobernantes discutir sobre bulos mientras su propia seguridad permanece en cuestión.

La responsabilidad política exige transparencia, explicaciones y rectificaciones cuando los hechos las justifican. Gobernar no consiste en tener siempre razón, sino en responder cuando algo falla.

Detrás de cada alerta que no llega, de cada localización errónea y de cada registro que desaparece no hay un adversario político. Hay una mujer cuya vida merece más respeto que la reputación de cualquier ministra o Gobierno.