La huelga general del miércoles fue una huelga muy extraña, extrañísima. Y una huelga tramposa. ¿Cómo se puede calificar, si no, una huelga convocada para producirse dos días antes del inicio de una campaña electoral a vida o muerte entre el frente de izquierdas y el de derechas en que ha quedado dividida la política española en los últimos años? ¿Una huelga que, además, ha sido promovida contra la oposición, especialmente el PP y Vox? Este tipo de movilizaciones a favor del gobierno solo ocurrían, hasta ahora, en repúblicas bananeras, regímenes populistas latinoamericanos y grises dictaduras. A la lamentable lista ahora ya podemos añadir España. A este degradante juego de los disparates ha contribuido la izquierda —partidos y sindicatos— con un entusiasmo asombroso, empezando por Pedro Sánchez, que no ha dudado en animar a la gente a hacer huelga y acabando por la participación de los partidos de izquierda en las manifestaciones. Que Sánchez gobierne desde hace ocho años y mientras tanto la situación de la vivienda no haya hecho otra cosa que empeorar deben ser detalles sin importancia.
El combustible fue la ola de emotividad que levantaron por las imágenes del desahucio de una anciana, Maricarmen Abascal, en Madrid. Quiero decir que todo ello no es el resultado de una reflexión serena a cargo de las direcciones de los grandes sindicatos. A pesar de ello, nadie puede negar que la vivienda es uno de los grandes, por no decir el más grande, problema que tienen las sociedades catalana y española. En concreto, el drama es que hoy es prácticamente imposible para un trabajador alquilar o comprar —con hipoteca— un piso. Los pisos se han alejado del poder adquisitivo del ciudadano hasta convertirse en inalcanzables.
Este tipo de movilizaciones a favor del gobierno solo ocurrían, hasta ahora, en repúblicas bananeras, regímenes populistas latinoamericanos y grises dictaduras
Nos encontramos ante un problema que no tiene solución a corto plazo. Es así, aunque a los políticos no les guste decir a sus electores verdades incómodas. Hay que construir miles y miles de viviendas y hacerlo rápidamente y de manera sostenida (el déficit de pisos en España es de 750.000). Hoy por hoy se construyen pocas y, además, lenta y farragosamente, con penas y fatigas. Las que anualmente se están poniendo a disposición de la gente ni siquiera cubren la demanda que se crea, lo que hace que el déficit no deje de crecer. Hay que agilizar como sea el proceso en todas sus etapas. Además, y en paralelo, nos conviene a todos que los propietarios de viviendas las pongan en alquiler. Se deben poner, por lo tanto, las condiciones para que esto se produzca. Es decir, se debe dejar de insultar, acosar y criminalizar a los propietarios. Tampoco se les puede exigir que hagan beneficencia. En los países civilizados, quien tiene una vivienda busca alquilarla porque, entre otras cosas, tener un piso significa pagar los gastos cada mes. Quizás nuestros gobernantes deberían preguntarse por qué, por ejemplo, en Barcelona y otras ciudades catalanas muchos propietarios prefieren no alquilar aunque suponga perder esos ingresos.
Políticos y medios de comunicación hacen cábalas sobre a quién favorecerá la huelga. No lo sé. Desconozco incluso si realmente favorecerá a alguien. Hay una vieja y sudada teoría, que vuelve a circular estos días con fuerza, que apunta a que la movilización electoral favorece indefectiblemente a los partidos de izquierdas (la raíz es la creencia de que la izquierda debería ganar siempre y que, si esto no ocurre, es solo porque no vota suficiente gente). La historia nos señala, terca, que una mayor participación electoral a veces les va bien a unos y a veces a otros. Depende.
Acabo con un apunte para la reflexión sobre los piquetes llamados informativos. ¿De verdad que ejercer el legítimo derecho a huelga tiene que pasar necesariamente por conculcar un montón de otros derechos igualmente importantes, como el derecho al trabajo y la movilidad? ¿Hacer huelga tiene que pasar forzosamente por violentar a los ciudadanos que no quieren participar? ¿Realmente se considera, como todo parece indicar, que los piquetes pueden cortar impunemente carreteras y autopistas, impedir el acceso a las oficinas y las fábricas, y asediar bares, restaurantes y comercios? ¿Tienen que poder hacer exactamente estos piquetes lo que les dé la gana sin consecuencias? Si la respuesta es que sí, pues que se diga abiertamente y que, cuando haya huelga, el Estado de derecho quede automáticamente suspendido y todas las leyes temporalmente invalidadas, empezando por el Código penal.