La penúltima filtración del procés nos ha permitido saber todo lo que hará al juez Llarena (Llerena, Llanera, Llenera o el resto de versiones que circulan) y todo lo que pasará. Al paso que vamos, a finales de febrero ya podremos comprar en Wallapop, y redactada toda ella enterita, la sentencia que sabremos el próximo diciembre tras el juicio. Cosas de la exquisita separación de poderes, la presunción de inocencia y esta justicia que no prejuzga y que no tiene las decisiones tomadas antes de todo.

Y es de esta manera como ya sabemos, por ejemplo, que quedarán suspendidos de sus funciones como diputados, el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, el conseller Comín y Jordi Sánchez en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal según el cual se establece que "sujeta a un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesamiento que estuviera ostentando, función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de este mientras dure la situación de prisión". Vaya, que el juez da por hecho que los cuatro son miembros de una banda armada terrorista y rebelde. Ahora ya sólo faltan las pruebas. Nada, un detallito sin importancia. Pero seguro que existe un vídeo de Puigdemont entrenando con Bin Laden en Afganistán, fotos del Mulá Omar visitando Sant Vicenç dels Horts, imágenes de Toni Comín leyendo mensajes de móvil en la sede de ISIS en Siria y mensajes de whatsapp entre Jordi Sánchez i Kim Jong-un.

Pero antes de llegar al final del final de este caso del cual algunos ya saben el final, todavía faltan unos cuantos pasos. Uno de los cuales es otro detallito sin importancia: la activación de la euroorden. De hecho, una gran parte de la estrategia político-judicial del Estado para conseguir llegar donde quieren llegar pasa porque la justicia belga les conteste afirmativamente la petición de euroorden. Y eso, recordemos, no es nada más que Bélgica acepte la petición española de aplicarle el delito de rebelión a Carles Puigdemont y a la parte de Govern que está en el exilio. ¿Problema? Si claro. ¿Qué pasa si la justicia belga niega por segunda vez la existencia de este delito? ¿Es una posibilidad, no? Si una vez ya dijo que no, cosa que obligó la justicia española a retirar la euroorden para evitar quedar desautorizada y desacreditada, ¿también lo puede decir una segunda vez, no? O tres. De hecho, que sepamos, nada ha cambiado desde diciembre. ¿O sí?

Sí, claro, quizás hay un acuerdo secreto entre España y Bélgica, dos países de la UE con intereses parecidos y bla, bla, bla. Es posible, sí. Si fuera así, pues muchas felicidades. Pero tengo una pequeña duda: ¿este acuerdo también lo ha firmado la justicia belga? Porque quizás allí la cúpula judicial toma sus propias decisiones. Y en este caso, mire por dónde, la euroorden no tendría ningún futuro. Y eso 1/ sería una nueva (y muy grave) desautorización para la justicia oficial española y para toda ella en general y 2/ les desmontaría la estrategia que ya tiene escrito el final. Vaya, que sería un pequeño desastre.

Y sin rebelión, cae uno de los delitos más graves y entonces nos situamos en otro escenario donde no se sostiene la prisión provisional ni las elevadas peticiones de prisión. 

Pero también podría suceder otra cosa. En España existe una parte del mundo judicial, incluidos fiscales, a los que no les gusta nada lo qué está pasando. Y a quién todavía gusta mucho menos la posibilidad de que Europa vuelva a dejar en evidencia toda la justicia española por culpa de la parte política y politizada. Y, quizás, esta justicia empiece a trabajar y a presionar para redirigir la estrategia.

¿Por qué no?