La mentira como arma política y el periodismo como campo de batalla
Hay una forma de hacer política especialmente peligrosa para la democracia: utilizar los medios de comunicación para construir escándalos, destruir reputaciones y condicionar a la opinión pública mediante informaciones falsas o deliberadamente descontextualizadas. No es una práctica nueva. La historia reciente está llena de episodios que deberían servirnos de advertencia.
En España tenemos un ejemplo especialmente revelador: el caso de Xavier Trias. En octubre de 2014, medios de comunicación publicaron que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12,9 millones de euros en una cuenta suiza, posteriormente trasladados a Andorra. Se llegó a publicar un supuesto número de cuenta. El escándalo estaba servido. Pero pocos días después, el banco UBS certificó que Trias no tenía cuentas en la entidad y que el número difundido ni siquiera correspondía a su numeración bancaria. La acusación resultó falsa.
Lo más inquietante llegaría después. Las grabaciones de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, revelaron que habían hablado de aquella información y de su posible utilización contra Trias. La comisión parlamentaria que investigó la actuación del Ministerio del Interior también examinó el episodio. Una historia que ilustra hasta qué punto pueden entrecruzarse intereses políticos, estructuras institucionales y la difusión mediática de acusaciones sin fundamento.
Podríamos recordar también el caso Neurona, cuya investigación por presuntas irregularidades en la financiación electoral de Podemos terminó archivada en 2023 al no apreciarse los delitos investigados. Un procedimiento archivado no demuestra por sí mismo que las sospechas fueran inventadas deliberadamente. Pero sí obliga a preguntarnos por el tratamiento mediático de las acusaciones y por la diferencia entre una investigación abierta y una culpabilidad probada.
Fuera de España encontramos ejemplos igualmente graves. En Estados Unidos, Fox News difundió acusaciones falsas contra la empresa de tecnología electoral Dominion tras la derrota de Donald Trump en 2020. La documentación judicial reveló que algunos responsables y presentadores cuestionaban internamente aquellas afirmaciones. En 2023, la cadena aceptó pagar 787,5 millones de dólares para resolver la demanda por difamación, después de que un juez declarara falsas las acusaciones controvertidas.
En Reino Unido, el escándalo de News of the World terminó incluso con condenas penales. Su antiguo director, Andy Coulson, que posteriormente trabajó como responsable de comunicación del primer ministro David Cameron, fue condenado en 2014 a dieciocho meses de prisión por conspirar para interceptar ilegalmente mensajes telefónicos. No fue un caso de noticias electorales inventadas, sino de prácticas periodísticas delictivas que evidenciaron las consecuencias de confundir el interés público con cualquier método para obtener una exclusiva.
La libertad de prensa es un pilar de la democracia, no una patente para prescindir de las pruebas. Y el derecho a la crítica tampoco justifica alterar el significado de las declaraciones o presentar una interpretación como si fuera un hecho incontrovertible
Son episodios diferentes, con responsabilidades jurídicas distintas, pero todos nos obligan a reflexionar sobre una cuestión esencial: la enorme capacidad que tienen los medios para construir una imagen pública y el extraordinario daño que pueden causar cuando se equivocan o prescinden de la comprobación.
Y llegamos al presente. Esta misma semana, quienes trabajamos en Horizonte hemos tenido que desmentir una interpretación difundida a partir de un fragmento de nuestro programa, presentado como si nos hubiéramos burlado del fallecimiento de Maricarmen. Rechazamos esa interpretación porque, como hemos explicado públicamente, las palabras no se referían a su muerte. Que existan críticas a nuestro trabajo es legítimo. Que se nos atribuyan intenciones tan graves exige, como mínimo, examinar íntegramente lo que dijimos y cuándo lo dijimos.
No pretendo equiparar lo sucedido con los grandes escándalos que acabamos de recordar, ni atribuir a nadie responsabilidades que no estén demostradas. Precisamente porque conozco el valor de la presunción de inocencia, me parece imprescindible reclamar el mismo respeto por los hechos cuando somos nosotros quienes estamos en el centro de la polémica.
La libertad de prensa es un pilar de la democracia, no una patente para prescindir de las pruebas. Y el derecho a la crítica tampoco justifica alterar el significado de las declaraciones o presentar una interpretación como si fuera un hecho incontrovertible.
En plena campaña electoral convendría recordarlo. Los periodistas no estamos para fabricar culpables, proteger a nuestros afines ni convertir las sospechas en sentencias. Estamos para comprobar, contextualizar y contar aquello que podemos demostrar, incluso cuando perjudica a quienes piensan como nosotros.
Y esa responsabilidad no distingue entre medios conservadores, progresistas, públicos o privados. No puede haber una ética para los adversarios y otra para los amigos. No podemos denunciar una falsedad cuando nos perjudica y relativizarla cuando beneficia a nuestra posición.
Porque la ética periodística se demuestra precisamente cuando la verdad contradice nuestros intereses. Y la mentira no se vuelve menos mentira por servir a una causa que consideramos justa.