La situación de la vivienda, pero sobre todo sus soluciones, no son ni únicas, ni universales, ni sencillas, ni inmediatas. Su complejidad obliga a explicarse muy bien y, sobre todo, a no criminalizar los grises. Este artículo va de eso. Si alguna virtud ha tenido el caso de Maricarmen es que ha marcado un límite desde el que se pueden construir consensos que abarquen buena parte de la sociedad y, por lo tanto, del arco ideológico.
El caso de Maricarmen es un caso extremo y, por lo tanto, que admite poca discusión. En un lado hay una persona de 87 años, sola y con ingresos y movilidad reducida, y en el otro lado hay un fondo de inversión que, seguramente, cuadrará cuentas con independencia de si cobra el alquiler del piso de Maricarmen porque seguramente, además de su vivienda, el fondo es propietario de varias decenas de pisos.
La ley actual no hace distinciones entre un pequeño propietario y un fondo de inversión
El problema es que la legislación actual, que por cierto fue aprobada en los años 90 por el PSOE, no hace distinción entre la situación de Maricarmen (que bordea la deshumanización) y la de otras realidades en las que el desequilibrio no es tan desproporcionado como el que hay entre un fondo de inversión inmobiliaria y una mujer de 87 años. Me refiero a aquellas situaciones en las que, prácticamente, es el propietario quien está sometido a los designios del inquilino. Se debe poder decir así. Hay casos en los que, por las circunstancias que sean (igual de legítimas que las de Maricarmen) una persona, a menudo pensionista, depende de los ingresos provenientes de un alquiler de un piso que —por las circunstancias que sean— ha acabado teniendo en propiedad, normalmente por herencia o después de una larga hipoteca.
En este caso, es el pequeño propietario quien, en caso de impago del inquilino, pasa a estar en situación de vulnerabilidad. Puede parecer tan paradójico como habitual. Y, aunque no es lo más común, sí que hay personas que han hecho del impago mensual su modus vivendi: se establecen en un piso, pagan los seis primeros meses y luego dejan de pagar. Conscientes de que la ley es muy garantista antes de que se ejecute el desahucio, los inquilinos estiran los tiempos para estar el máximo de tiempo sin pagar alquiler antes de que cambien de piso y vuelvan a empezar la rueda en otro inmueble. Esta situación a quien deja desprotegido es al pequeño propietario, que —por cierto— tampoco tiene suficiente dinero para pagarse un séquito de abogados como sí que tienen los fondos de inversión.
El decreto que negocian PSOE y Junts calibra mucho mejor el choque de vulnerabilidades
Y no puede ser que, después de pasar el filtro de la justicia social, quien quede en situación de vulnerabilidad sea el pequeño propietario. Es exactamente esta distinción la que se está intentando rehacer estos días en el Congreso y la que, seguramente, permitirá aprobar el decreto antidesahucios por parte de PSOE, Junts y las formaciones de izquierdas, así como el PNV. Pero será una ley más pensada para calibrar el grado de vulnerabilidad: cuando el choque es entre un fondo de inversión y una mujer de 87 años no hay duda, pero entre un pequeño propietario y un inquilino que no quiere pagar, sí. Además, fuentes de la negociación explican que también se incluirán medidas para que el mercado de alquiler tenga exenciones fiscales tanto para el propietario que pone su piso en alquiler como para el inquilino que, este sí, paga cada mes. La situación actual comporta justo lo contrario: el pequeño propietario acaba concluyendo que tener un piso de alquiler no le sale a cuenta, lo vende a un fondo de inversión, y este no tiene escrúpulos en ejecutar desahucios. Es lógico pensar, pues, que un paquete de medidas menos extremista, más centrado y sobre todo más sensato, debe derivar en una distensión de la situación actual. Pero para eso es necesario, por encima de todo, huir de posiciones maniqueas y que por el simple hecho de explicar los grises no te tilden de especulador, rentista y sandeces similares.