Con independencia de los recientes resultados electorales en Hungría, que se corresponden con unas causas muy específicas y deberían ser objeto de otro análisis, existe una paradoja que atraviesa la historia de las democracias liberales con una obstinación cíclica: los movimientos populistas son extraordinariamente eficaces como maquinarias de oposición y desastrosamente incompetentes como proyectos de gobierno. La observación vale tanto para la extrema derecha como para cierta izquierda que ha hecho del gesto radical su razón de ser. El populismo —de cualquier signo— no está diseñado para gobernar, sino para ganar elecciones. Y entre una cosa y la otra media un abismo que ningún eslogan puede salvar.
Desde los trabajos seminales de Ernesto Laclau hasta las tipologías de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, la ciencia política ha identificado un rasgo común: el populismo construye una narrativa maniquea entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”, y ofrece la ilusión de que basta con sustituir a la segunda para resolver los problemas del primero. Mudde lo definió como una “ideología delgada” que necesita acoplarse a otras —el nacionalismo etnicista en la derecha, el igualitarismo maximalista en la izquierda— para adquirir contenido. Lo que ambas variantes comparten es más profundo que lo que las separa: la simplificación deliberada de la complejidad y la promesa de soluciones cuasi mágicas a problemas que exigen políticas elaboradas, financiación sostenida y consensos transversales. El populismo no ignora esta complejidad por descuido, la ignora por diseño. Reconocerla destruiría la promesa y, sin la promesa, no hay movilización electoral.
Si algún caso permite someter a prueba empírica la hipótesis del fracaso populista, ese es el de Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, tras prometer reducir la inflación, cerrar las fronteras y restaurar la grandeza industrial estadounidense, ofrecía al trumpismo la ocasión de demostrar que sus recetas funcionaban. Un año y medio después, el balance es devastador.
Trump prometió reducir los costes energéticos “al menos a la mitad”. Han aumentado un 35% —casi tres veces la inflación general—, con un 12% solo en su primer año. Sus aranceles, los más altos en ochenta años —tasa media del 2,4% al 9,6% en 2025—, han supuesto 1.500 dólares adicionales por hogar en 2026. Procter & Gamble subió los precios del 25% de sus productos para absorber un impacto arancelario de mil millones anuales. El déficit comercial de bienes, que los aranceles debían corregir, creció un 2% hasta 1,24 billones de dólares; las importaciones subieron un 4% y el empleo manufacturero registró un leve descenso. La promesa de reindustrialización se reveló como un impuesto regresivo disfrazado de política industrial. El Tribunal Supremo acabó declarando inconstitucional buena parte de la arquitectura arancelaria en febrero de 2026, evidenciando la fragilidad jurídica de gobernar por decreto.
La dimensión institucional es quizá más reveladora. En 2025, la Administración purgó a más de 300.000 empleados federales, desmanteló agencias creadas por el Congreso y politizó el servicio civil. Retiró a EE. UU. de la OMS y del Acuerdo de París, cerró la USAID y redujo drásticamente la asistencia al desarrollo —la OCDE proyecta caídas del 9% al 17%—, mientras la mortalidad infantil en países en desarrollo subía por primera vez en este siglo. El desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor costó a las familias 18.000 millones de dólares. Los impagos de préstamos estudiantiles se dispararon a un ritmo de uno cada nueve segundos, más de 3,6 millones de nuevos impagos desde enero de 2025.
Las encuestas reflejan el veredicto ciudadano: solo el 27% aprueba su gestión de la inflación (frente al 44% un año antes); su aprobación económica, en el 31%, es el mínimo histórico de la serie CNN/SSRS; dos tercios de la población afirman que sus políticas han empeorado la economía. El hombre que prometió soluciones mágicas ha producido exactamente lo contrario, y, todo ello, sin siquiera entrar a hablar de política internacional y situación geopolítica, donde el desastre es de proporciones bíblicas.
El fenómeno tiene reflejo ibérico, con una peculiaridad: en España el populismo opera simultáneamente desde la extrema derecha y desde sectores de una izquierda woke, confirmando que la estructura retórica es idéntica, aunque los contenidos nominales difieran.
Vox ha construido su ascenso sobre el manual populista internacional: inmigración como amenaza existencial, nostalgia imperial, rechazo a la “ideología de género” y denuncia de las élites progresistas. Su experiencia en gobiernos de coalición con el PP fue breve: abandonó sus gobiernos autonómicos en 2023 por la acogida de menores migrantes, precipitando elecciones en Extremadura y Aragón, donde duplicó escaños. En Castilla y León, en marzo de 2026, se consolidó por debajo del 20%, pero como socio imprescindible del PP. El patrón: Vox crece más cuando denuncia que cuando gestiona. El efímero fenómeno de Alvise Pérez y Se Acabó la Fiesta —800.000 votos en las europeas de 2024, desplome al 0,7% en encuestas posteriores— ilustra la fase terminal: ni siquiera la indignación más pura sobrevive al mínimo escrutinio racional.
Pero la derecha no tiene el monopolio de la estafa populista. Podemos construyó su meteórico ascenso replicando punto por punto la estructura laclauiana: un pueblo virtuoso traicionado por una “casta” corrupta, al que bastaba desplazar para que la justicia social se materializara. Las soluciones eran tan rotundas como vagas: acabar con los desahucios, garantizar vivienda digna, revertir la precariedad. Al acceder al Gobierno de coalición en 2020, la realidad se impuso. La regulación de alquileres se demoró años y llegó diluida. La crisis de vivienda se agravó hasta convertirse en lo que Esade calificó como “el peor fracaso de política pública de la coalición”: de 5.118 millones consignados para vivienda, se ejecutó menos del 50%. Resultado: de 71 escaños en 2015 a 4 en el Grupo Mixto, escisión con Sumar y pérdida de credibilidad. La lógica populista —simplificación como método, eslogan como programa— es constitutivamente incapaz de producir políticas públicas eficaces.
Si Podemos representa el populismo de izquierdas como proyecto partidario, Gabriel Rufián encarna su variante individual: el político cuya herramienta principal es la frase incendiaria, el tuit viral, el golpe retórico que sustituye al análisis. En octubre de 2025 formuló su receta sobre vivienda: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”. En abril de 2026 completó el diagnóstico: “La solución no es construir más”, atribuyendo el problema a “los especuladores”. Un problema multicausal —déficit de oferta, marco regulatorio desincentivador, demografía urbana cambiante, costes de construcción crecientes— reducido a un villano y un eslogan: la misma estructura que Trump con los aranceles o Vox con la inmigración. Su pregunta “¿por qué un currela de Mercadona vota lo mismo que Juan Roig?” es retórica pura: una falsa dicotomía que apela a la indignación de clase evitando cualquier análisis serio. Indignación sin programa; denuncia sin alternativa viable —el mismo producto que la extrema derecha vende desde el flanco opuesto—.
Catalunya ofrece un caso revelador porque convergen ambos populismos en un contexto independentista. Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, combina independentismo radical con un discurso antiinmigración, situándoles el Centre d’Estudis d’Opinió ya con proyecciones de 8 a 10 escaños y un 6% del voto. La suma de Aliança y Vox alcanza el 24%, complicando radicalmente la gobernabilidad. Pero el populismo de derechas no es el único: la propia ERC ha oscilado entre la responsabilidad institucional de gobernar la Generalitat y la retórica incendiaria de su portavoz en Madrid. Cuando ERC gobernó, hizo política posible; cuando Rufián habla en el Congreso, hace populismo. Son actividades distintas e incompatibles.
El populismo prospera en la oposición porque su producto es la indignación, no la gestión
El fenómeno catalán confirma que el populismo es un virus adaptativo: nativismo antiinmigración en la derecha, justicia social maximalista en la izquierda, ruptura unilateral en el soberanismo. Siempre la misma estructura: un problema complejo, un enemigo simple, una solución mágica.
Mudde y Rovira Kaltwasser distinguen entre populismo “inclusivo” (izquierda) y “exclusivo” (derecha), pero la distinción no puede oscurecer lo esencial: ambos comparten la misma gramática política, el mismo antagonismo fundacional pueblo-élite, el mismo desprecio por la mediación institucional. Trump sube aranceles y destruye empleo; Podemos promete regular alquileres y ejecuta menos de la mitad del presupuesto. Vox abandona sus gobiernos para no contaminarse con la gestión; Rufián reduce el problema de la vivienda a “los especuladores”. Alvise se desinfla después del primer contacto electoral; Podemos pasa de 71 a 4 escaños. Trayectorias paralelas, lógica idéntica.
Lo pernicioso es que se alimentan mutuamente. Vox y Aliança justifican la retórica “antifascista” de Rufián; Rufián y Podemos alimentan la narrativa de Vox sobre la amenaza “comunista” y la xenófoba Aliança contra la inmigración. Cada uno necesita al otro para sostener su relato. Ninguno necesita gobernar bien, porque su negocio es la confrontación permanente: un ecosistema parasitario del que ambos extremos extraen beneficio electoral mientras los ciudadanos soportan la inacción política real.
El patrón es transversal, transcultural y empíricamente verificable. El populismo prospera en la oposición porque su producto es la indignación, no la gestión. Cuando llega al poder —Trump desde la derecha, Podemos desde la izquierda— descubre que los atajos no existen, que la complejidad es irreductible y que gobernar exige lo que el populismo desprecia: conocimiento técnico, negociación, compromiso y paciencia.
El problema no es solo que fracasen. Es el daño que causan: instituciones debilitadas, derechos erosionados, confianza ciudadana destruida, alianzas internacionales rotas, costes económicos trasladados a quienes menos pueden asumirlos, debate público degradado hasta la caricatura. El populismo no es una alternativa que funciona mal, sino una estafa política diseñada para conquistar el poder, no para ejercerlo. Y la factura —desde Washington hasta Barcelona— siempre la pagan los mismos ciudadanos a quienes prometieron salvar.