En democracia todo juicio conlleva una o más incógnitas sobre su resultado y uno de sus fundamentos se llama presunción de inocencia. Si no existe duda, entonces la primera víctima del proceso será ese derecho fundamental, la segunda será el acusado y, finalmente, el conjunto del sistema en el que un procedimiento de tales características se desarrolla.

En el caso del president Torra no son pocos, con independencia del bando en que se ubiquen, los que lo dan por condenado y eso, incluso, cuando aún ni tan siquiera se ha iniciado el juicio, ni se han visto los argumentos de la defensa ni, mucho menos, las pruebas en las que se sustenta la acusación. Exacto, al president Torra se le está vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pero la cosa no queda ahí.

Al president Torra se le está vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia

Todos lo dan por condenado, pero no todos lo hacen por las mismas razones. Unos creen que efectivamente desobedeció las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC), otros piensan que da lo mismo lo que haya hecho o no y que se le debe condenar e inhabilitar por lo que sea y, finalmente, otros están convencidos de que no será un juicio justo.

Quienes creen que el president Torra desobedeció las órdenes de la JEC lo hacen desde el convencimiento de que dicha Junta tenía competencias para dictar la orden de la que trae causa el procedimiento, que la orden era legal, que la orden era correcta, que la orden era ejecutable, que la JEC era un órgano superior jerárquico al president de la Generalitat y, en definitiva, que donde manda la JEC no manda Torra. Se equivocan.

Quienes creen que al president Torra se le debe condenar e inhabilitar por lo que sea son aquellos que se visten de Marca España y se autodenominan constitucionalistas pero que ni realmente quieren a España ni entienden ni respetan la Constitución. Son, más bien, fascistas.

Quienes creen que el president Torra no tendrá un juicio justo se basan en algunos datos, no todos, que han quedado en evidencia a lo largo de la instrucción exprés del procedimiento y que, por mucho que se traten de explicar no tienen explicación. Aciertan, no será un juicio con todas las garantías y, por tanto, no será justo.

No será un juicio con todas las garantías y, por tanto, no será justo

Los hechos y sus fundamentos serán ampliamente discutidos a partir del próximo lunes y se hará donde corresponde: en la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC,) pero nada impide compartir algunas ideas de por qué se puede sostener que no estaremos ante un juicio justo y por qué estamos seguros de que se ha vulnerado la presunción de inocencia del president Torra.

Desde que comenzó la discusión sobre las pancartas,  aquella que dio lugar a la denuncia de PP y Ciudadanos, la misma que generó el acuerdo sancionador de la JEC y su posterior denuncia ante la fiscalía y que, posteriormente, sirvió de base a la querella de la fiscalía y Vox, han sido innumerables las autoridades públicas que han afirmado, sin ruborizarse, que el president Torra estaba cometiendo un delito, que era responsable de un delito o que sería condenado por haber cometido un delito.

Pues bien, la Directiva Comunitaria 2016/343 establece que “se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable”. El juicio comienza viciado de nulidad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, cosa distinta será que así lo admita el TSJC.

El juicio a Torra comienza viciado de nulidad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Pero la cosa no acaba ahí, también se ha vulnerado y se vulnerará el derecho al juez imparcial porque dos de los tres magistrados que van a enjuiciar al president Torra ya se han pronunciado, en anteriores instancias procesales, sobre estos mismos hechos, el derecho aplicable y la persona presuntamente responsable. Todos, incluido el president de la Generalitat, tenemos derecho a que quien nos juzgue no haya prejuzgado ya.

Si nada de esto es bastante, el juicio al president Torra será presidido por un magistrado que en diversas ocasiones ha expuesto públicamente su personal visión de los hechos que ahora tendrá que enjuiciar. No sólo se ha pronunciado sobre las órdenes de la JEC y las pancartas, también lo ha hecho sobre algunos de los contenidos de dichas pancartas, llegando, incluso, a marcharse de un acto institucional cuando se mencionó el término presos políticos.

El TSJC ha establecido que los dichos y actuaciones de ese magistrado no afectan a su imparcialidad porque todo lo que ha dicho y hecho lo hizo como presidente del Tribunal Superior de Justicia y no como juez; o estamos ante un desdoblamiento de la personalidad o ante una vulneración flagrante del derecho al juez imparcial, cosa distinta será que así lo admita el TSJC.

Sin respetar las reglas que garantizan un debido proceso, es decir las que permitan calificarlo de juicio justo, no hay sentencia que resista el paso del tiempo y el peso de los recursos. Cuando no se garantizan los derechos fundamentales, el resultado de cualquier proceso es inválido e injusto por definición y así sucederá con el juicio al president Torra.

Para aquellos que piensan que sólo es un juicio más o que sólo se enjuicia a Joaquim Torra, basta con decirles que están equivocados y que no perdamos de vista algo que es esencial: el juicio al president Torra es un juicio a todos aquellos que pensamos que existen presos políticos (siguiendo la línea marcada por Naciones Unidas), que tenemos derecho a reivindicar su situación y que creemos que la libertad de expresión se puede y debe ejercer desde cualquier balcón.

El juicio al president Torra es un juicio a todos aquellos que pensamos que existen presos políticos

Se juzga a una persona porque no hay capacidad material para enjuiciar a los millones que pensamos como él. Las vulneraciones de derechos que se están cometiendo contra el president Torra nos afectan a todos y su posible condena también será la de todos nosotros, porque si él no tenía derecho a exhibir esa pancarta, ¿por qué lo tendremos los demás?

Aquí no solo están en juego las garantías procesales del president Torra, sino las de todos y, también, nuestro derecho a la libertad de expresión, pero, más aún, lo que también está en solfa es el derecho de participación política y de aquellos a quienes hemos votado para que nos representen y no sean sustituidos por decisiones de terceros a quienes nadie ha votado nunca.

Por ello, no perdamos de vista lo esencial: el objetivo final de este proceso no es la sentencia, que sería lo normal en cualquier juicio penal, sino la inhabilitación del president para poder sustituirle por quien más acomode al poder central... es decir, quieren ser ellos los que elijan al president de la Generalitat y no que lo hagan los catalanes. 

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