De los últimos 44 años de gobiernos españoles, 29 han sido gobernados por presidentes socialistas, de los cuales los 8 últimos de manera ininterrumpida. De los últimos 23 años de gobiernos catalanes, 9 han sido gobernados por presidentes socialistas, entre ellos, los dos últimos. Desde que se reinstauró la actividad democrática en los ayuntamientos, hace 47 años, en el Ayuntamiento de Barcelona el PSC ha estado —con más o menos intensidad— en mayorías de gobierno en 43, de los cuales 35 con la alcaldía, entre ellos los tres últimos. Pues bien, a pesar de este histórico y —sobre todo— esta fotografía actual con los socialistas gobernando en la Moncloa y en los dos lados de la plaza Sant Jaume, ha resultado que la solución global al problema de la vivienda dependía de una sola votación, de siete diputados sobre 350 y en modo o "ahora o nunca".
Porque dada la importancia y la repentina urgencia de la cuestión, hay cosas que no se entienden: no se entiende que, si realmente se quería aprobar un decreto tan importante, no se hubiera llegado al congreso con un texto ya pactado. Si realmente había una necesidad de frenar legalmente los desahucios, no se entiende que se tirara adelante con un calendario forzadamente acelerado y no se contemplara la petición de Junts de retirar el texto y sentarse a negociar unos días más (la ley prevé que para convalidar un decreto del Consejo de Ministros se debe hacer en los 30 días siguientes a su aprobación). Junts votó no, pero es necesario que conste que fue el PSOE quien renunció a retirarlos a riesgo, como acabó pasando, de que los decretos fueran rechazados. Y todavía se entiende menos que, ante la urgencia contra los desahucios, el PSOE se plantee convocar elecciones en lugar de continuar con la legislatura y llegar a un acuerdo que, este sí, prospere en la cámara baja.
Si Pedro Sánchez convoca elecciones, la solución contra los desahucios se aplaza como mínimo cinco meses. Si sigue la legislatura y se sienta con Junts la puede pactar en diez días
El tiempo legal entre convocatoria de elecciones y domingo electoral es de 54 días. Esto quiere decir que, si Pedro Sánchez convoca elecciones este lunes, la jornada electoral será el 29 de noviembre. Una vez celebradas las elecciones, pasa otro mes antes de que se constituya la cámara, que ya puede empezar a legislar. Pero para la formación de gobierno todavía puede pasar uno o dos meses más. Es decir, si el lunes se convocan elecciones, la maquinaria legal no volverá a funcionar a pleno rendimiento hasta el mes de enero o febrero. Por lo tanto, para cualquier nueva ley que se quiera sacar adelante, como la de medidas mínimas de vivienda, solo hay dos opciones: o en diez días si continúa la legislatura, o en cinco meses si hay elecciones. Y si hay elecciones, claro, es necesario que de la nueva correlación de fuerzas surgida de los comicios haya suficiente mayoría parlamentaria para aprobarla.
Es evidente, pues, que si se quería atender legalmente la urgencia y la importancia de los desahucios había otra opción, otra salida, otro método y otro calendario. Por eso, hay que considerar la posibilidad de que, más allá de querer resolver la problemática, el PSOE —y particularmente Pedro Sánchez— haya visto en Maricarmen una vía para dar la vuelta a una campaña electoral que ya tenía perdida. Porque si en algo tiene un máster el PSOE —y particularmente Pedro Sánchez— es en saber colocar relato y crear ventanas de oportunidad política de donde había derrota, desmovilización y desencanto socialista. Si ahora convoca elecciones, y se convocan con este motivo ("quisimos aprobar unas medidas provivienda, no había suficiente mayoría"), el PSOE —y particularmente Pedro Sánchez— intentará hacer de ello una campaña casi monográfica. Es más, puede tener la tentación de convertirlo en una especie de plebiscito o de elección entre especuladores e inquilinos, sin nadie por medio, como puede ser el tejido catalán de pequeños propietarios que no se sienten cómodos ni con el modelo Ayuso ni con el modelo podemita. Esto permitirá, o permitiría, que Sánchez acuda a unas semanas electorales donde la inmigración, la corrupción o el conflicto político con Catalunya queden en un segundo y tercer término. Si esto acaba siendo así, Pedro Sánchez habrá dado una nueva muestra de su capacidad de resiliencia, astucia y supervivencia política, pero entonces, por favor, que no proclame que el problema era la emergencia de la vivienda.