El juego político está tan abierto que CDC podría acabar defendiendo un referéndum unilateral, a corto o medio plazo. La visita de Puigdemont a la Moncloa da la impresión de ser un intento de volver a otoño del 2012, antes de que Mas rompiera la baraja después de entrevistarse con Rajoy.

Hay que recordar que en las elecciones de aquel noviembre, CiU ganó con la promesa de un referéndum y que Junqueras se convirtió en el jefe de la oposición prometiendo que si le daban 68 diputados, proclamaría la independencia. Entonces sólo el PSC defendía la necesidad de pactar la votación con el Estado. Iniciativa hacía seguidismo de Mas, mientras que los resultados de Ciutadans fueron muy discretos. 

Hay que tener eso en la cabeza para comprender que la política estatal de los últimos años ha consistido básicamente en ganar tiempo. Se trataba que el independentismo bajara lo suficiente para que España se pudiera organizar con un nuevo relato –como siempre prescindiendo de la parte más viva de Catalunya–. El problema es que Podemos apareció por sorpresa y que el 9N tuvo una participación altísima, seis o siete puntos más alta de lo que las estimaciones preveían. 

El problema no es que los independentistas necesiten ampliar su mayoría, como dicen en Junts pel Sí, el problema es que el Estado no sabe que hacer para bajarla. De lo contrario, la política española no estaría atascada, ni Pablo Iglesias se habría podido agarrar con tanta audacia al referéndum. Si hay pacto entre Podemos e Izquierda Unida, España quedará instalada en el frentismo entre el bando nacional y las nuevas izquierdas republicanas, leales a la monarquía.

Entonces, para desatascar la situación, el Estado se planteará forzar un referéndum unilateral defectuoso, que mate la idea de votar la independencia, antes de afrontar una reforma constitucional. Todo el juego político dependerá, en los dos próximos años, de si el referéndum unilateral se consigue o no deslegitimar, más que de si se llega a un pacto con el Estado de la naturaleza que sea. Si Pedro Sánchez hubiera podido pactar con Catalunya para salvar el cuello, ya lo habría hecho. Si las elecciones plebiscitarias o la fiesta del 9N hubieran funcionado bien para los intereses del Estado, Sánchez o Rajoy ya serían presidentes.